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Organizaciones ambientalistas de Ecuador como el Frente Nacional Antiminero exigieron este jueves al Gobierno de ese país que detenga la minería ilegal y promovieron ante la Asamblea Nacional una resolución para declarar en emergencia a la Amazonía por los daños que ocasiona esa actividad económica al margen de la ley.
Grupos del Frente Nacional Antiminero, como Napo Resiste, Napu Runa Mishu y Napo Ama la vida, basados en la provincia homónima, en la Amazonía ecuatoriana, intervinieron ante el Legislativo para denunciar los perjuicios medioambientales y en la salud humana generados por la minería ilegal.
Tras sus argumentos, la Asamblea Nacional aprobó una resolución que exhorta al Gobierno a declarar en emergencia a la Amazonía en los sectores de educación, salud, empleo, vialidad, seguridad y medioambiente.
La representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), María José Andrade, afirmó que fue necesario llegar hasta la capital para que se escuchen sus reclamos, pues las autoridades de la nación no van a las comunidades.
En tanto, Leonardo Cerda, del colectivo Napo Resistente, señaló que las comunidades amazónicas son las más empobrecidas del país pese a los elevados ingresos que reporta la extracción de los recursos en el subsuelo.
Horas antes, el representante del colectivo Napo Ama la Vida, José Moreno, cuestionó la falta de control y respuestas del Gobierno. Mencionó que en varias ocasiones se han dirigido a distintos ministerios que tienen facultades para atender las denuncias sobre afectaciones ambientales provocadas por la minería ilegal, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta.
A consecuencia de la explotación ilegal de diversos minerales, un total de 2.025 hectáreas están afectadas o destruidas en los casi 65 frentes mineros de distintos sectores de los cantones Carlos Julio Arosemena Tola y Tena, en Napo.
El líder ambientalista expresó que los habitantes de la zona están inquietos, además, por la presencia de grupos irregulares armados que se han instalado en la región ante la ausencia de las autoridades.
Ejemplificó que las Fuerzas Armadas no tienen acceso a las comunidades donde están los frentes mineros, en las que se encuentran cerca de 265 máquinas excavadoras que utilizan para remover el suelo.
Aseguró que cada 24 horas los mineros ilegales extraen entre 7 y 14 millones de dólares en oro, que no están registrados en ninguna cartera de Estado ni ente de control.
Una de las principales preocupaciones es que todas estas actividades se practican a orillas de ríos, lo que implica la contaminación del agua que consumen más del 84 por ciento de las comunidades de la zona.
Aunque la decisión de la Asamblea no es una normativa vinculante, hace al menos un llamado de atención al Ejecutivo para que intervenga en esa área del país.
