“Si el estado favorece las elites, el país no tiene rumbo”: Castellanos

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La rectora Julieta Castellanos tiene una amplia trayectoria como socióloga. Su posición en una entidad como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) le permite a diario tener una amplia óptica sobre el funcionamiento interno del Estado hondureño.

Presencia Universitaria conversó con ella para analizar el panorama del país al iniciar un nuevo gobierno; temas como la Policía Militar, el ajuste fiscal y un Congreso Nacional, de amplio análisis para las ciencias políticas, conforman los contenidos de esta entrevista. A continuación les compartimos sus declaraciones.

¿Bajo qué contexto inicia el nuevo gobierno?

En una sociedad que no ha sanado las heridas de los conflictos del año 2009, el golpe de Estado y sus consecuencias. El proceso electoral fue complejo y esa complejidad nos condujo a la ruptura del bipartidismo. Estamos frente a un escenario político de cuatro fuerzas partidarias, todas ellas con pesos significativos en el congreso nacional.

De hecho, el partido de gobierno no tiene la mayoría de diputaciones en el Congreso Nacional, lo que significa una oportunidad para realizar alianzas. Esta oportunidad se puede utilizar para concretar consensos o será un proceso de conflictos que se van a reeditar de manera permanente.

En cuanto a la oferta electoral, creo que los temas que son reiterativos son la seguridad y la falta de empleo. El presidente tuvo una actitud de mucha apertura y anuencia para oír propuestas y aprobar leyes. Esperemos que eso se traduzca en unos resultados reales de seguridad, con políticas públicas tangibles. En esta materia, hay que ver qué sucede, porque estamos en una crisis económica, un déficit fiscal bastante agudo y lo que hasta ahora hemos visto son medidas de ajuste fiscal que van restringir el gasto y contraer la economía.

¿Cree que podrán existir relaciones armónicas en el Congreso Nacional?

Un gobierno que asume en una coyuntura como la actual, con un parlamento de minorías, porque no hay un partido que pueda decir que tenga una mayoría simple, requiere de la construcción de los consensos. Y el consentimiento se construye a través de la confianza y la transparencia, si están ausentes estos principios de las tomas de las decisiones va a ser difícil que se generen acuerdos.

Tenemos un escenario que ya hemos visto, donde la confrontación se ha hecho presente de una forma muy activa. Esto tiene que ver mucho con el estilo de conducción política, con las habilidades y la agenda que tuvo el Congreso Nacional -anterior-, en la última semana de su cuarta legislatura, para tomar las decisiones con la aprobación de los contratos, convenios y con el nombramiento de funcionarios hasta con cinco meses de anticipación, antes que vencieran sus plazos. Creo que todo esto ha provocado irritación en la oposición que se siente excluida de decisiones. Si no se cambian estas formas de decidir va a ser muy difícil que se logre la gobernabilidad y los consensos políticos.

En el tema de seguridad, ¿cree que la Policía Militar de Orden Público reducirá los índices de homicidios?

Estamos en un escenario donde veremos los resultados de las iniciativas políticas aprobadas en el gobierno anterior. La Policía Militar de Orden Público fue ofrecida como una solución. En el fondo creo que existe una crisis de las policías en América Latina, todos los países están recurriendo a los militares en temas de seguridad pública.

Yo pienso que hay revisar la estructura policial, sus competencias y fortalezas. De hecho la criminalidad superó los temas de la seguridad pública y temas que tienen que ver con la corrupción y la ineficiencia policial. Además el crimen organizado ha tenido mejoras en sus competencias y sus modos de operar. Por lo tanto, los resultados de la política pública en temas de seguridad tiene dos grandes componentes: el primero de ellos es la depuración, que es un proceso con más retrocesos que avances, y el segundo, es la creación de la Policía Militar y su rango constitucional, eso representa un retroceso que nos coloca 20 años atrás. El problema de la seguridad genera temas de impunidad e incide en la corrupción de la policía.

¿Se reducirá la impunidad?

Podemos ver esto en dos etapas, existe impunidad que es producto de la ineficiencia de la policía, de sus carencias. Hay otra que es producto de la complicidad. Creo que cuando hay involucrados en muertes violentas, hechos criminales o delictivos, personas de la esfera policial y militar, y no hay voluntad política para investigar estos hechos delictivos es un mensaje negativo para la sociedad.

Los otros casos de la impunidad tienen que ver con una cantidad de muertos que se dan diariamente ante una ausencia del Estado, ambos bordes tienen como consecuencia la impunidad que no contribuye en que las victimas tenga el derecho a conocer sobre los procesos judiciales que involucran a sus familiares. Por otro lado la ausencia de justicia no inhibe a los delincuentes de cualquier extracto social a seguir cometiendo delitos y crímenes.

¿Qué debe hacer el gobierno para mejorar la protección de los derechos humanos en Honduras?

Hay un déficit de la protección de los derechos humanos, en ese sentido el presidente saliente (Porfirio Lobo Sosa) creó un ministerio de Justicia y gobernabilidad, el cual generó una política en pro de los derechos humanos, ojalá que esta política pública sea ejecutada, observada y aplicada.

Pero si no se investiga el abuso militar y policial, y los crímenes que están involucrados, estos entes de seguridad del país seguirán siendo objetos de demandas a nivel internacional.

¿Cómo analiza la situación económica del país?

El tema inflacionario que tiene que ver con la dependencia del país con el mercado externo en muchos de los productos que se requieren para la producción y el consumo. El precio de los combustibles está fuera del alcance y control del Estado, pero se suma también una carga impositiva sobre los productos que obviamente aceleran un espiral inflacionario. Esta situación nos estaría conduciendo a un escenario en donde se puede acrecentar una posible inflación y una pérdida del valor adquisitivo de la moneda nacional.

¿Cree que los hondureños mejorarán su calidad de vida durante el presente gobierno?

Si el beneficiario final de las políticas públicas son las personas, como debe ser, si se fortalece el Estado en sus instituciones de la democracia y el Estado de Derecho, entonces, la sumatoria de todas estas políticas puede llevar a una mejoría sustantiva de la calidad de vida, pero si se va a continuar con un Estado en donde se favorecen a las elites, donde las políticas públicas más bien fortalecen la inequidad y la exclusión social, el país no encontrará su rumbo.

Espero que en este cambio de gobierno exista una esperanza de mejora, hay expectativas y esperamos que las promesas de campaña se cumplan. Espero que el gobierno tenga éxito y todos los funcionarios públicos aportemos lo mejor para optimizar la calidad de vida del hondureño.

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