CN envía a solicitud de la CSJ antecedentes de firma y aprobación de la Maccih

Tegucigalpa, Honduras

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A solicitud de la propia Corte Suprema de Justicia, la secretaría de Congreso Nacional envió este viernes, la firma de la aprobación de convenio que da vida a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

“No enviamos antecedentes de alguna inconstitucionalidad, como algunos medios dijeron, sino que antecedentes de la aprobación del convenio”, aclaró Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional.

El Congreso Nacional, en sus cuentas oficiales, también aclaró que “Lo que se envió fue antecedentes de la firma del convenio que dio vida a la @OEA_MACCIH. Esto a solicitud de la CSJ en el marco de un recurso de inconstitucionalidad que se presentó por un particular hace algunos meses”.

Esta solicitud de la Corte Suprema de Justicia se hace en el marco de un recurso de inconstitucionalidad que se presentó contra la Maccih y que requiere investigación por parte del Poder Judicial.

La Maccih inició sus operaciones el 19 de abril de 2016 y se rige por el convenio suscrito entre la OEA con el Estado de Honduras el pasado 19 de enero de 2016 y, en ese marco, por las instrucciones de su secretario general.

En el Congreso tenemos la voluntad política de apoyar los esfuerzos de la Misión para los fines que fue solicitada y que tiene como propósito apoyar al combate de la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia –dijo Zambrano.

La Maccich –recordó-, vino a colaborar con el fortalecimiento activamente con las instituciones del Estado hondureño encargadas de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción y contribuir a mejorar la coordinación entre las distintas instituciones del Estado que trabajan en esta materia.

Otro de los fines para los que fue creada es de proponer al Gobierno reformas al Sistema de Justicia hondureño, incluyendo legislación para fortalecer el combate a la corrupción en y desde el sector privado; contribuir a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de los órganos de justicia del Estado frente a la sociedad hondureña, así como los mecanismos de observación y seguimiento del sistema de justicia desde la sociedad civil.

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