Urgen investigaciones profundas sobre infraestructuras criminales en Honduras, señala abogado Joaquín Mejía
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El abogado Joaquín Mejía Rivera ha hecho un llamado urgente al Ministerio Público (MP) para que abra múltiples líneas de investigación sobre las estructuras criminales del narcotráfico en Honduras. En su declaración, Mejía destaca que estas organizaciones no se limitan al expresidente Juan Orlando Hernández y otros extraditados, sino que involucran a grupos más amplios dentro de instituciones estatales y empresariales.
La reciente evidencia presentada por personas como Juan Carlos Bonilla (conocido como Tigre Bonilla) y Mauricio Hernández ha revelado posibles conexiones entre el tráfico de drogas y diversas instituciones del Estado, incluyendo la policía, el ejército, empresarios y funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Según Mejía, estas estructuras delictivas continúan operando impunemente en el país, lo que plantea serias interrogantes sobre las acciones que se están tomando para desmantelarlas. Para el abogado, el juicio del exmandatario Hernández no debería ser considerado una distracción, sino una señal de preocupación sobre la pervasiva presencia de estas redes criminales en Honduras.
Si bien recalca que Juan Orlando Hernández es inocente hasta que se demuestre lo contrario en el proceso judicial, Mejía reconoce que las pruebas disponibles hasta el momento sugieren una posible implicación del exmandatario en los delitos imputados. Asimismo, señala que tanto Hernández como su hermano Tony, quien ya ha sido condenado en Estados Unidos, es improbable que hayan actuado solos, sino que probablemente estuvieron involucrados en una infraestructura criminal más amplia.
Ante la presencia de agentes del MP en el juicio de Juan Orlando Hernández en Nueva York, Mejía insta a las autoridades hondureñas a tomar en cuenta estos elementos y llevar a cabo investigaciones más profundas en el país. La observación de Mejía sobre la impunidad de estas redes criminales subraya la urgencia de abordar este problema de manera efectiva para garantizar la seguridad y el Estado de Derecho en Honduras.
