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El Congreso Nacional aprueba en tercer debate la derogación del polémico decreto 116-2019, conocido como el «Fondo Departamental», un paso considerado esencial en la lucha contra la impunidad.
Con una sólida mayoría de 80 votos a favor, varias bancadas del Congreso Nacional respaldaron la derogación de este decreto, que había sido criticado ampliamente por ser percibido como un acuerdo que favorecía la impunidad.
La votación registró un notable apoyo, excepto por la bancada del Partido Nacional, con la excepción del diputado Jorge Zelaya, quien, a pesar de su afiliación partidaria, se posicionó a favor de la derogación y calificó al decreto como un pacto de impunidad.
Aunque la bancada nacionalista argumentaba que se necesitaban dos tercios de la Cámara (86 votos) para la derogación, la junta directiva del Congreso Nacional estableció que una mayoría simple sería suficiente en esta ocasión.
El diputado nacionalista Mario Pérez insistió en que la derogación no se llevó a cabo de manera legal, ya que, según él, el decreto requería una mayoría de dos tercios para su modificación o revocación.
La derogatoria ahora se dirigirá al Poder Ejecutivo para su sanción y posterior publicación en el diario oficial La Gaceta.
Maribel Espinoza, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), celebró la derogación y destacó que esto allana el camino para la posible implementación de la comisión internacional contra la corrupción (CICIH).
El «Fondo Departamental», formalmente conocido como la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, otorgaba fondos a los diputados sin requerir una justificación detallada de su uso, y su derogación representa un paso significativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
