Reducir el alto índice de impunidad en Honduras es el reto del fiscal general, señala la ASJ

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El Director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, ha planteado un desafío crucial para el fiscal general del Ministerio Público (MP) de Honduras: reducir el alarmante índice de impunidad que supera el 90%.

En medio de una ola de inseguridad que ha sacudido al país, Castañeda destacó la necesidad urgente de mejorar la eficacia de las investigaciones y enjuiciamientos.

«La impunidad que supera el 90% es un obstáculo significativo para la justicia en Honduras. De cada diez casos, solo uno logra una investigación y sentencia condenatoria», lamentó Castañeda, subrayando la urgencia de abordar este problema.

Además, señaló que, a pesar de la existencia de una fiscalía de derechos humanos, la efectividad en la investigación de violaciones de derechos humanos sigue siendo insuficiente, con 450 quejas presentadas bajo el marco del estado de excepción sin resultados tangibles.

Los niveles alarmantes de corrupción e impunidad continúan minando los recursos del país y socavando la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de la población hondureña.

La persistencia de la impunidad, junto con la evolución de las bandas criminales y la frecuencia de las masacres, refleja el desafío continuo que enfrenta el gobierno en la lucha contra la violencia homicida.

Honduras, catalogado como uno de los países más violentos del mundo, ha experimentado un aumento constante en la violencia desde el año 2000. Con miles de muertes violentas documentadas en los últimos años, es evidente la necesidad de abordar este fenómeno de manera integral.

El informe más reciente de la Secretaría de Seguridad revela que, hasta la fecha en 2024, 971 hondureños han perdido la vida de manera violenta, con las armas de fuego como el principal instrumento utilizado en un preocupante 72.2% de los casos.

A pesar de la implementación recurrente del estado de excepción, la persistencia de la violencia, incluida la violencia de género y los conflictos por la tierra, destaca la necesidad de una política integral de seguridad pública basada en los derechos humanos.

La comunidad internacional, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ha expresado su preocupación por el uso excesivo de esta medida sin un enfoque que respete los derechos fundamentales de los ciudadanos hondureños.

En este contexto, el desafío para el fiscal general y las autoridades competentes es claro: mejorar la efectividad de las investigaciones, fortalecer el sistema judicial y abordar las causas subyacentes de la violencia para garantizar la seguridad y la justicia para todos los hondureños.

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