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La norma británica, que entrará en vigor en 2027, será la primera de estas características en todo un país. La toma con un bajo porcentaje de fumadores y cuando ya ha agotado casi todas las medidas efectivas.
Desde hace casi dos décadas, una escala mide los esfuerzos de los países en su lucha contra el tabaco. Reino Unido está en lo más alto de esta lista, empatado con Irlanda en 82 puntos sobre 100. En las islas británicas han aplicado casi todas las medidas que se han mostrado efectivas para reducir el número de fumadores, y con gran éxito: solo un 13% de los británicos mantiene el hábito, prácticamente la mitad que en España. Ahora, recurren a la última bala: prohibir fumar a toda una generación. En su caso, los nacidos desde 2009 en adelante ya no podrán comprar cigarrillos, una medida que se pondrá en marcha en 2027, cuando esos chavales que ahora tienen 15 años cumplan 18. Ni ellos ni los nacidos después podrán ya, en teoría, comprar cigarrillos en sus vidas.
En la práctica, habrá que ver cómo se desarrolla. Ningún país en el mundo ha puesto en marcha una medida semejante todavía, más allá de pequeñas iniciativas, como la de la ciudad de Brookline, cerca de Boston (Estados Unidos). Nueva Zelanda iba a ser el primero, a partir de este mismo año, pero un cambio de Gobierno desbarató los planes. Así que Reino Unido se convertirá en pionero. La norma, impulsada por el conservador Rishi Sunak, tiene un apoyo social mayoritario y el respaldo de la oposición laborista, pero más de 150 diputados del partido del primer ministro ―entre abstenciones y votos en contra― la desafían, bajo el argumento de que se trata de un ataque a la libertad que discrimina entre adultos (aquellos que hoy ya tienen 18 años podrán seguir comprando cigarrillos sin problemas).
España está lejos de ese debate. En la misma escala antes mencionada (cuya última edición se publicó en 2022) se situaba en el número 11 de Europa, con una puntuación de 58 sobre 100, por detrás de los británicos, los países nórdicos, Países Bajos, Francia, Hungría, Rumanía y Bélgica. La nueva hoja de ruta que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado este abril tiene el objetivo, precisamente, de devolver a España a los puestos de cabeza: llegó a estar séptimo tras aprobar la regulación contra el tabaco en 2010.
Son muchas las medidas pendientes antes de plantearse siquiera una ley tan drástica como la que va a aprobar el Reino Unido. El empaquetado neutro de las cajetillas es la primera que ha puesto en marcha Sanidad, algo que ha probado una reducción en el consumo en la veintena de países ya en vigor.
Tras esta, España tiene mucho por avanzar —si se compara con su entorno— en lo que respecta a impuestos. Suponen algo más del 79% del precio final, pero hay países, como Dinamarca, donde supera el 96%. El precio medio en España de una cajetilla es, según Tax Foundation, de 4,5 euros, algo menos que la media europea (5,4), pero muy inferior al de países como Irlanda (13,4) o Francia (10,2). El próximo paso que quiere dar Sanidad es un aumento de las tasas, que tendrá que acordar con el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene las competencias.
Equiparar legalmente las nuevas formas de fumar al tabaco convencional ―como vapeadores o cigarrillos electrónicos―, más medios en campañas y deshabituación son otros deberes pendientes antes de dar el paso de la prohibición generacional. Los expertos en la lucha contra el humo, lo consideran, sin embargo, una meta alcanzable y necesaria. “En dos o tres años España debería estar preparada para implementarlo”, dice Esteve Fernández, jefe de la Unidad de Control de Tabaco del Instituto Catalán de Oncología (ICO). De hecho, una iniciativa ciudadana lo planteó en el Parlamento Europeo, pero no fue aprobada. Como explica el eurodiputado socialista Nicolás González Casares, están a la espera de que la Comisión publique su propuesta para la revisión de la Directiva de productos del tabaco, que lleva unos años estancada.
“La industria va siempre por delante, siempre busca resquicios, y la prohibición es al final la forma para que no los encuentre”, opina Rodrigo Córdoba, médico de familia y miembro del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. En Reino Unido, el lobby tabaquero ha intentado a toda costa frenar la nueva ley: intentó convencer, sin éxito, al Gobierno para que elevara la edad legal para fumar de 18 a 21 años, en vez de optar por una medida tan drástica como prohibir en seco la venta a las siguientes generaciones.
Se abren ahora varios debates, como hasta qué punto será útil. “No tengo nada claro que esto vaya a funcionar”, dice Roby (prefiere no dar su nombre real), un adolescente de Londres a punto de cumplir los 18 que lleva ya fumando más de dos años. “Las mismas trampas que hemos utilizado hasta ahora seguirán funcionando, aunque aprueben esta ley”. El truco es tan viejo como el mismo vicio: dar con un amigo que ya sea mayor de edad, o utilizar a alguien de la pandilla con más rasgos físicos de adulto. “En los supermercados no puedo comprar cigarrillos, pero ya tenemos controladas varias tiendas donde nos los venden sin problemas”, cuenta el joven. En menos de dos años, sin embargo, el Gobierno británico autorizará a la policía para imponer multa de hasta 120 euros en el acto al establecimiento que proporcione tabaco a menores.
Mónica Pérez Ríos, del Grupo de Tabaco de la Sociedad Española de Epidemiología, explica que las políticas de control de tabaquismo “deben funcionar como un conjunto”. “Son paquetes de medidas y para las estrategias tobacco end game [se suele emplear en inglés la estrategia de poner fin definitivo al tabaquismo], tienen que darse una serie de condiciones, como una prevalencia muy baja del tabaquismo, por debajo del 15% y un importante un apoyo poblacional, como muestra en Reino Unido la consulta pública en la que más del 60% estaban de acuerdo. En España no se sabe, pero leyes anteriores, como la de 2005 y de 2010, tuvieron un gran respaldo”, dice la experta.
Otro debate es el de la libertad de los adultos. La respuesta más dura a este argumento llegó en Reino Unido de la mano de Chris Whitty, el director jefe de Salud de Inglaterra, una de las voces más relevantes y con mayor autoridad durante los duros años de la pandemia: “La gente que comienza a fumar a edades muy tempranas ve cómo su capacidad de elegir desaparece, porque abandonar el hábito es extremadamente difícil. Así que, todos aquellos que se proclaman defensores de la libertad para elegir deberían estar en contra de la idea de crear miles de adictos que acabarán muriendo o que tendrán por delante muchos años horribles”.
Trasladado a España, los expertos en derecho sanitario consultados por EL PAÍS dudan del encaje constitucional que podría tener prohibir fumar a partir de una fecha de nacimiento. Fernando Abellán, de Derecho Sanitario Asesores, cree que una vez que las personas son adultas, la edad “no debería ser un factor limitante para el ejercicio de según qué derechos”. Con la salvedad de los menores, para el resto, la norma debería ser, a su parecer, igual para todos: “La edad forma parte del estado civil. Aquí habría una discriminación por razón de edad que chocaría con el artículo 14 de la Constitución Española”.
En parecidos términos se expresa Juan Francisco Pérez, vicepresidente de la Asociación de Juristas de la Salud y catedrático en Derecho Administrativo: “Si alguien entendiera que vulnera el principio de igualdad, podría incluso presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional y creo que tendría recorrido. [La prohibición de fumar a partir de una edad] es una propuesta sin duda novedosa e interesante, pero quizás necesitaríamos un periodo de madurez para evaluarla”.
¿Qué pasa con el vapeo?
La nueva ley británica no incluye la prohibición al vapeo, que en ese país se utiliza como herramienta de deshabituación tabáquica. En España, los chavales se inician cada vez más jóvenes y es más probable que los que vapean acaben fumando. Arturo Ribes, presidente de la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo, cree que lo que se debería hacer es prohibir la venta del vapeo en tiendas no especializadas: “En 2019 había una incidencia de menores que vapeaban inferior al 1%. Se vendía exclusivamente en tienda especializada y no existía cigarrillo electrónico desechable. En 2021 entró cigarrillo electrónico desechable y en 2022 subió 3,6%. Si analizamos qué ocurrió es que el desechable se había popularizado, y nos encontramos que se vendía en todas partes”.
Mahi trabaja en turno de mañana detrás del mostrador principal de un conocido supermercado en el oeste de Londres. A sus espaldas, un montón de cajones cerrados con llave que guardan cajetillas de tabaco de diferentes marcas. “Exigimos la presentación de algún documento de identidad que demuestre que los compradores tienen más de 18 años”, explica.
―¿Y para eso otro?, pregunta el corresponsal, señalando varias estanterías llenas de cigarrillos electrónicos y vapeadores. A diferencia del tabaco convencional, esta nueva modalidad ―la más popular entre los adolescentes británicos― se muestra abiertamente a los consumidores. “También. Deben dar una imagen mayor de 18 años para comprarlos”, responde. El subconsciente le ha hecho admitir que los controles no son tan severos con uno y otro producto. A pesar de que sus defensores lo enarbolan como una herramienta para dejar de fumar, lo cierto es que es, cada vez más, la puerta de acceso a una adicción por parte de los más jóvenes.
