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Washington, Honduras.
El presidente Juan Orlando Hernández y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, firmaron hoy el acuerdo para la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada por iniciativa del Gobierno y cuyo objetivo principal es fortalecer el sistema judicial hondureño.
La firma se llevó a cabo en el Salón de las Américas de la sede de la OEA, y reunió a funcionarios del Gobierno estadounidense, representantes de organismos internacionales, cuerpo diplomático y miembros de la sociedad civil.
La mesa principal estuvo conformada por el presidente Hernández, el canciller Arturo Corrales, y el fiscal general, Oscar Chinchilla, en representación de Honduras, y por la OEA el secretario Almagro; el presidente del Consejo Permanente, Ronal Sandres, y el secretario general adjunto, presidente del Consejo Permanente y Néstor Méndez.
En la suscripción también estuvieron presentes los funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos Thomas Shannon, William Brownfield, Ian Brownlee y Juan González.
Además, asistieron los representantes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Rebeca Chávez y Jasos Vulcan, y del Banco Interamericano de Desarrollo, Julie Katzman.
En representación de la sociedad civil hondureña participaron el presidente de la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández; Gabriela Castellanos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA); Arnaldo Bueso, de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras; y Leopoldo Durán, de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH).
Objetivos principales
Bajo los principios de independencia, autonomía, profesionalismo, neutralidad y transparencia, la MACCIH propone mejorar la calidad de los servicios prestados por el sistema de justicia de Honduras en la prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, a través de la colaboración activa, asesoramiento, supervisión y certificación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción.
Para tal efecto establecerá un grupo de jueces, fiscales y expertos internacionales de renombre y alto reconocimiento internacional, quienes proveerán acompañamiento, asesoramiento, supervisión y evaluación a las entidades del sistema de justicia hondureño, contando con financiamiento internacional para garantizar su independencia y autonomía.
La Misión tiene cuatro objetivos principales; uno de ellos es apoyar al cumplimiento por parte del Estado hondureño de los compromisos internacionales adquiridos en la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).
Además apoyará, fortalecerá y colaborará activamente con las instituciones del Estado hondureño encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción; y contribuirá a mejorar la coordinación entre las distintas instituciones del Estado que trabajan en esta materia.
De la misma manera propondrá al Gobierno reformas al sistema de justicia hondureño, incluyendo legislación para fortalecer el combate a la corrupción en y desde el sector privado; y contribuirá a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de los órganos de justicia del Estado frente a la sociedad hondureña, así como los mecanismos de observación y seguimiento del sistema de justicia desde la sociedad civil.
Líneas de acción
Para cumplir con los objetivos propuestos la Misión establece cuatro líneas de acción; la primera es Prevención y Combate a la Corrupción, mediante la cual los jueces y fiscales internacionales supervisarán las labores y brindarán apoyo técnico a las entidades de justicia hondureña.
Además, apoyará la elaboración de un Plan de Acción Nacional para la implementación de las recomendaciones formuladas a Honduras por el MESICIC y propondrá reformas legales e institucionales al sistema anticorrupción de Honduras, incluyendo el sector privado.
La Reforma de la Justicia Penal estará concentrada en revisar y analizar las labores adelantadas por las instituciones del sistema de justicia y formular recomendaciones para la mejora del aparato de justicia en Honduras.
De la misma forma va a cooperar con la sociedad civil en la construcción del conjunto de los instrumentos para el establecimiento de un sistema descentralizado de observación y seguimiento de la justicia penal en base a la organización jurisdiccional del país.
El lineamiento de reforma político-electoral va a contribuir en asesorar la elaboración de normas sobre financiamiento de la política y los partidos políticos y de instancias de justicia electoral.
El objetivo de Seguridad Pública dará seguimiento a las recomendaciones del informe de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana de Honduras y apoyará la generación de capacidades institucionales de protección para los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, entre otros.
Miembros de la Misión
Los especialistas internacionales que conformaran la MACCIH son Juan Jiménez Mayor, Juan Pablo Corlazzoli García, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini y Jan-Michael Simon, quienes estarán llegando a Honduras en febrero.
Jiménez Mayores es peruano, ha tenido una amplia trayectoria en Perú, donde fue presidente del Consejo de Ministros, fue ministro de Justicia y Derechos Humanos, impulsó la Ley Contra el Crimen Organizado y fomentó el diálogo político tendiendo puentes a todos los sectores para la gobernabilidad del país y el afianzamiento democrático, y fue representante de su país ante la OEA, entre otros cargos diplomáticos.
Corlazzoli García es de nacionalidad uruguaya, tiene especialización en sociología del desarrollo y cambio social, ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil fungiendo como vicepresidente del Consejo Uruguayo de Relaciones Internacional (CURI) e integrante del Consejo de Dirección del Centro Latinoamericano de Economía Humana, entre otras misiones.
Domínguez Gudine es mexicano, experto en materia de financiamiento a partidos políticos así como fiscalización de campañas electorales; también ha trabajado como catedrático universitario y como consultor externo de la OEA.
El alemán Jan- Michael Simon es experto en derecho penal, política criminal y derecho internacional público; en los años 90 se desempeñó como oficial de recuperación en materia de enriquecimiento ilícito en la Oficina Federal de Finanzas de Alemania.
Igualmente ha participado como experto internacional en dictámenes para el Tribunal Penal Internacional y en múltiples proyectos de cooperación internacional con instituciones estatales y agencias gubernamentales internacionales.
Aspectos de interés
La Misión también seleccionará y decidirá los casos de corrupción que investigará, y trabajará conjuntamente con la sociedad civil en la construcción de un observatorio, el cual monitoreará y evaluará el progreso del sistema de justicia hondureño.
Por medio del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), propondrá recomendaciones sobre el fortalecimiento de la calidad, efectividad y legitimidad del sistema judicial penal hondureño. De la misma forma elaborará e implementará un nuevo marco jurídico para el financiamiento político electoral.
La MACCIH facilitará la creación de un marco regulatorio para el combate a la corrupción en el sector privado.
También tendrá pleno acceso a información, documentos oficiales, bases de datos, registros públicos y archivos para acompañar activamente la investigación y persecución de casos que involucren redes de corrupción.
Además promoverá la implementación de las recomendaciones identificadas en el reporte de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SNSC) elaborado por la Secretaria General de la OEA.
También proporcionará apoyo institucional y capacitaciones para la implementación de la recientemente aprobada Ley de Protección para defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de la justicia.