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Tres expertos de las Naciones Unidas expresaron este lunes su preocupación por la renovación del régimen de excepción en El Salvador impulsado por la administración del presidente Nayib Bukele hace más de un año.
“El estado de excepción fue declarado luego de una serie de asesinatos relacionados con pandillas. A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, el gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública”, señalaron los relatores de la ONU.
En este sentido, los expertos del organismo internacional indicaron que “el uso excesivo de la prisión preventiva, la prohibición de medidas alternativas, los juicios en ausencia y la posibilidad de utilizar prácticas como jueces sin rostro y testigos de referencia, atentan contra las garantías del debido proceso”.
El régimen de excepción, avalado por el Congreso de la nación centroamericana, suspende un conjunto de derechos constitucionales, incluido el derecho a ser debidamente informado por los motivos de una detención.
De acuerdo con las fuentes oficiales, más de 67.000 supuestos delincuentes han sido arrestados desde la entrada en vigor de la medida, de los cuales más de 5.000 han sido liberados ante la falta de pruebas que demuestren los vínculos con las pandillas.
“Muchas de estas detenciones son arbitrarias y algunas constituyen desapariciones forzadas de corta duración”, denunció el grupo de relatores de la ONU.
La declaración fue suscrita por la Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite; la Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ni Aoláin y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.
