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Panamá
La sociedad estatal Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio de constructoras del Grupo Unidos por el Canal (GUPC) lograron este miércoles por la noche un preacuerdo ante la crisis financiera que desde el 5 de febrero ha paralizado las obras de ampliación de la vía interoceánica. Las constructoras se comprometieron a reanudar los trabajos este 20 de febrero, según informó la Autoridad del Canal.
En un pequeño informe con los términos básicos del preacuerdo entre las dos partes, la Autoridad precisa que el consorcio —compuesto por la española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana— “aceptó el llamamiento reiterado de la ACP y se comprometió esta noche [de miércoles] a reiniciar” el jueves “la construcción del tercer juego de esclusas”, parte central de las labores para expandir la ruta acuática.
“Tan pronto sean reiniciados los trabajos”, la Autoridad del Canal remitirá al consorcio empresarial un total de 36,8 millones de dólares (26,8 millones de euros) “correspondientes a trabajos facturados de diciembre, con el objetivo de que los trabajadores de GUPC cobren su quincena pendiente, y además se haga frente a otras obligaciones con proveedores”, agrega el informe.
La Autoridad del Canal pagará 26,8 millones de euros al consorcio por retomar el trabajo
“Adicionalmente, las partes se dieron al menos 72 horas para acordar puntos sobre fechas de entregas de las compuertas, cronograma de ejecución, calendario de repago de moratoria y otros aspectos claves en el desarrollo del proyecto”, precisa el texto.
“Las decisiones de las partes se dieron durante conversaciones telefónicas entre la ACP” y los directivos “de las empresas que componen el consorcio”, puntualiza. “Sin embargo, todavía existen algunos temas en los que no se ha logrado concordancia”, advierte.
Tras meses de diferencias, el desencuentro financiero estalló el 1 de enero, cuando el consorcio de constructoras anunció que el 20 de enero suspendería los trabajos si la Autoridad del Canal se negaba a pagarle 1.600 millones de dólares (1.200 millones de euros) que le faltan en sus flujos de caja por gastos adicionales imprevistos en la construcción de las esclusas para expandir la ruta. La empresa estatal rechazó esta decisión.
En el fragor de las negociaciones, el grupo de empresas alegó que el problema de caja le impedía proseguir con sus tareas, pero la Autoridad replicó que los sobrecostes carecían de sustento.
Aunque el plazo del 20 de enero se cumplió sin acuerdo, la Autoridad del Canal y el consorcio siguieron negociando, con fecha límite de 31 del mes pasado, que ampliaron al 4 de febrero. Las conversaciones concluyeron esa noche sin pacto y, al día siguiente, el consorcio suspendió las obras en las esclusas, trecho principal de la ampliación, que empezó en 2007 con un presupuesto de 5.250 millones de dólares (3.818 millones de euros).
“Existen algunos temas en los que no se ha logrado concordancia”, advierte la Autoridad
Panamá ha anticipado que la expansión concluirá en diciembre de 2015, con un retraso de seis meses por el impacto de la suspensión de los trabajos. La Autoridad del Canal pronosticó que sufrirá un “lucro cesante” de más de 95 millones de dólares (69 millones de euros), porque durante seis meses no podrá utilizar las dos esclusas que, desde 2009, empezaron a ser construidas por el consorcio en los litorales panameños en el Atlántico y en el Pacífico.
Tras ganar en 2009 la licitación para edificar las esclusas de la expansión de la vía acuática, con una oferta de 3.118 millones de dólares (2.267 millones de euros), y firmar un contrato ese mismo año para iniciar las labores, el consorcio se comprometió a concluirlas en octubre de 2014. Pero en 2012 surgieron los primeros retrasos y el plazo se alargó a junio de 2015.
El retraso hará que Panamá no pueda ofrecer y vender los servicios de las nuevas esclusas a los buques de mayor tamaño que los que actualmente pueden transitar por la ruta, inaugurada en 1914 por Estados Unidos, que empezó a construirla en 1904. La vía y sus zonas aledañas, que inicialmente fueron asumidas con un control a perpetuidad de Washington, fueron entregadas a la plena soberanía de Panamá el 31 de diciembre de 1999. Pese a la crisis, las viejas esclusas del paso centenario han seguido operando con total normalidad.