Justicia guatemalteca suspende ampliación presupuestaria avalada por el Congreso

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La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala otorgó este lunes un amparo provisional a fuerzas opositoras y suspendió la ampliación presupuestaria de 14 mil millones de quetzales (mil 807 millones de dólares).

La decisión revierte el aumento aprobado por el Congreso de la República el pasado 13 de agosto.

El alto tribunal otorgó un amparo a favor del diputado del partido CREO Luis Contrera, quien cuestionó el proceso de aprobación para repartir los fondos recaudados entre diferentes carteras y entidades.

La decisión es el desenlace del plazo de 48 horas requerido por la CC para recibir informes en seguimiento a las acciones promovidas contra lo ocurrido en la sesión donde el pleno ratificó los cambios en las cuentas públicas.

El amparo presentado señala que el Legislativo alteró el orden del día, interrumpió la interpelación al ministro de Gobernación Francisco Jiménez y entró a conocer el proyecto, finalmente aprobado de urgencia nacional con 110 votos a favor.

Según informaciones de la propia corte constitucional, en los análisis efectuados e informes rendidos por las autoridades se estableció que concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección interina “dejando en suspenso temporalmente la aprobación por parte del Congreso de la República de Guatemala de la moción privilegiada”.

La semana pasada, el Ministerio de Finanzas reportó que estaba a la espera del trámite para que cobrara vigor la ampliación y disponer de los 14, 451,000 de quetzales. Lo que faltaba era la revisión de estilo del decreto aprobado y de unas “probables” objeciones que había que evacuar para que el Ejecutivo finalmente pudiera sancionarlo.

El 13 de agosto pasado, mientras se realizaba la interpelación del ministro de Gobernación, 110 diputados votaron para que se interrumpiera el juicio político y se conociera la iniciativa para que fuera aprobado de urgencia nacional. Era la primera vez, desde marzo, que el gobierno había esa cantidad de votos para aprobar un proyecto de ley. 

Antes de estas votaciones había impulsado, sin ningún resultado, la aprobación de un estado de calamidad y uno de emergencia.  En mayo, el Ejecutivo también pidió una reforma a la Ley del Ministerio Público para lograr remover a la fiscal general Consuelo Porras. Este es uno de los proyectos clave del gobierno.

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