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En un esfuerzo por fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, la diputada oficialista Xiomara Hortencia Zelaya ha presentado una iniciativa de Ley Especial para la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH). Sin embargo, la propuesta ha generado controversia debido a la disposición de que dicha entidad esté bajo el control o supervisión de la Fiscalía General.
El borrador de la ley establece que la CICIH actuaría como querellante autónomo, con atribuciones y facultades de acusador privado por un período de cinco años. Según lo detallado, el Fiscal General sería responsable de otorgar la personalidad jurídica como querellante autónomo a cada miembro de la CICIH que lo solicite.
Entre las atribuciones de la CICIH se incluiría la investigación, acusación y enjuiciamiento de redes de corrupción público-privada, así como la comparecencia en juicios en todas las instancias, en colaboración con el Ministerio Público. Los objetos de investigación abarcarían una amplia gama de delitos, desde contratos de crédito público hasta fraudes electorales y otros actos de corrupción.
La CICIH también estaría facultada para recibir denuncias de personas y entidades, aunque aquellas que estén fuera de su competencia serían remitidas al Ministerio Público. Para seleccionar las denuncias o hechos a investigar, se aplicaría como criterio la gravedad y cuantía del daño ocasionado.
Los gastos de la CICIH serían sufragados con contribuciones del Estado de Honduras y de la comunidad internacional. Además, el personal de la comisión gozaría de ciertas inmunidades, como la exención de impuestos sobre su salario y prestaciones, así como protección contra arresto y confiscación de su equipaje en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, la propuesta ha generado preocupación entre algunos sectores. La diputada Fátima Mena, del partido Salvador de Honduras (PSH), ha expresado su inquietud respecto a que la entidad esté condicionada a la supervisión del Fiscal General. Mena destaca la necesidad de evaluar el impacto que este proyecto tendrá en las negociaciones del gobierno con las Naciones Unidas para la instalación de la CICIH.
Previamente, la diputada Zelaya había presentado una propuesta para la llegada de la CICIH como reforma constitucional, lo cual requería mayoría calificada para su aprobación. La discusión sobre el papel y la autonomía de la CICIH promete ser intensa en los próximos días, en medio de los esfuerzos por combatir la corrupción y promover la transparencia en Honduras.
