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Este domingo marca el día 801 desde que el gobierno de Honduras prometió la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), una iniciativa que, a pesar de los constantes reclamos de diversos sectores de la sociedad, parece cada vez más distante.
Cuando la presidenta Xiomara Castro asumió su mandato en enero de 2022, una de sus primeras promesas fue la instalación de la CICIH, como respuesta a la creciente demanda de un mecanismo internacional que combatiera la corrupción y la impunidad en el país.
Aunque la CICIH no es una solicitud nueva, la desconfianza en el sistema de justicia hondureño ha mantenido viva la demanda de este mecanismo. A pesar de la presión ejercida por la población, la llegada de la MACCIH en lugar de la CICIH en 2015 y su posterior marcha en 2020 no ha satisfecho las expectativas del pueblo hondureño.
La persistente sombra de la corrupción y los señalamientos de políticos y líderes implicados en actos ilícitos, incluido el narcotráfico, han generado un clima de urgencia para la instalación de la CICIH.
Sin embargo, la promesa inicial de instalar la CICIH parece cada vez más difusa, especialmente con el fin del mandato de este gobierno en el horizonte y el inicio de un proceso electoral que acapara la atención nacional.
Aunque el gobierno afirma tener la intención de instalar la CICIH, las acciones no coinciden con el discurso oficial. Incluso se han hecho acusaciones a la ONU, como lo manifestó el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya.
La falta de transparencia en el proceso de negociación ha generado críticas y controversias, con sectores de la sociedad civil y organizaciones presionando al gobierno para cumplir con su promesa.
Con el plazo de vencimiento del memorándum de entendimiento entre el gobierno y la ONU acercándose, se requieren acciones concretas para evitar que la CICIH quede relegada a una simple oferta política más.
