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Una comisión del gobierno de la presidenta Xiomara de Zelaya ha entregado al diputado que dirige las sesiones del Congreso Nacional, Luis Redondo, un anteproyecto de decreto para reformar y hasta modificar varios contratos firmados con empresas generadoras de energía eléctrica, generando controversia y acusaciones de violación de procesos de transparencia.
La iniciativa, conocida como «adendas», busca reformar y modificar los contratos de energía eléctrica bajo el amparo del Decreto 46-2022, que declara la energía como un bien público y de seguridad nacional. Esta medida se justifica como una respuesta a la crisis energética que enfrenta el país, permitiendo compras directas y otras disposiciones.
El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada, junto al secretario de la presidencia Rodolfo Pastor y de la secretaría de Ambiente, Lucky Medina, presentaron el anteproyecto al Congreso Nacional. Tejada destacó que se trata de reformas a 18 adendas de contratos de generación, incluyendo energía solar, térmica, eólica y biomasa.
Según Tejada, estas reformas, respaldadas por dictámenes legales, técnicos y financieros, buscan evitar la corrupción legalizada y generar ahorros significativos para el país, estimados en mil 200 millones de lempiras anuales y un total de 30 mil millones de lempiras durante la vigencia de los contratos.
Sin embargo, estas reformas han generado controversia, especialmente en el caso del contrato con la empresa CECHSA, otorgado en 2008 y reactivado recientemente. La inclusión de este contrato en el proyecto de decreto ha generado críticas debido a denuncias previas sobre su rehabilitación sin cumplir procesos de transparencia.
Aunque el gobierno defiende estas reformas como necesarias para mejorar la competitividad en el costo de la energía, la falta de transparencia en la reactivación de contratos y la posibilidad de violación de procesos legales plantean interrogantes sobre la legitimidad de estas medidas. El destino de estas reformas queda ahora en manos del Congreso Nacional, que deberá evaluar su aprobación y considerar su impacto en la transparencia y legalidad del sector energético en Honduras.
