Extorsiones, amenazas y violencia aumentaron el desplazamiento forzado en Honduras, según el Conadeh
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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó su preocupación por el creciente fenómeno de desplazamiento forzado en el país, atribuido al incremento de casos de extorsión, amenazas, asesinatos, homicidios, despojo de propiedades, trata de personas y reclutamiento de niños y jóvenes.
Según el Conadeh, el año 2023 evidenció un aumento constante en el desplazamiento forzado, a pesar de las medidas gubernamentales implementadas, como la instauración del Estado de excepción. El comisionado señaló que la violencia no ha disminuido, y el recuento preliminar de quejas atendidas revela que este fenómeno continúa en crecimiento.
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, destacó que durante el 2022 se recibieron quejas de 21 municipios, con el 77.9% de los casos concentrados en el Distrito Central, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba, ciudades que experimentan un alto índice de violencia.
Reyes subrayó que ciertos sectores, como mujeres, comerciantes y transportistas, están siendo fuertemente afectados por el desplazamiento forzado.
«Constantemente hay rutas del transporte que se paralizan porque no quieren continuar brindando su servicio por la extorsión, que es una de las principales causas que está generando el desplazamiento forzado», afirmó.
De las 10,556 quejas atendidas por el Conadeh en 2022, el 13.4% estuvo relacionado con situaciones de desplazamiento interno. Las «maras y pandillas» fueron identificadas como los principales agresores en el 30.6% de las quejas, mientras que en el 27.8%, familiares, parejas, vecinos y empleadores fueron señalados como agresores.
Reyes también reveló que más de 100 perfiles de profesiones y ocupaciones están siendo afectados por el desplazamiento forzado, incluyendo amas de casa, comerciantes, transportistas, docentes, abogados y periodistas.
Los operadores de justicia, especialmente aquellos en zonas de alto riesgo, son obligados a abandonar sus comunidades por el riesgo que representan para los grupos criminales.
Ante esta situación, Reyes instó a las autoridades de seguridad a brindar protección a los afectados, destacando la vulnerabilidad de las personas desplazadas que buscan salvaguardar su integridad física y su vida.
En cuanto a la distribución de las quejas, el 54% fueron presentadas por hombres, relacionadas con riesgos laborales o geográficos.
El 46% restante fue interpuesto por mujeres, afectadas por violencia de género, abuso sexual, violencia intrafamiliar, reclutamiento forzado de jóvenes, usurpación y destrucción de viviendas, así como la ocupación en roles tradicionales como amas de casa o comerciantes ambulantes.
Las edades de las víctimas oscilan mayormente entre los 31 y 59 años, seguidos por el grupo de 18 a 30 años y los adultos mayores, con un 64%, 26% y 4% respectivamente.
La situación actual demanda una acción inmediata por parte de las autoridades para abordar este preocupante fenómeno de desplazamiento forzado en el país.
