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Tegucigalpa, Honduras.
El trabajo obligatorio para los privados de libertad quedará decretado este martes, cuando los diputados en el Congreso Nacional concluyan su discusión en tercer debate.
La ley introduce disposiciones restrictivas encaminadas a que los internos realicen actividades comunitarias y no permanezcan inactivos, pues este privilegio les permite que dispongan de todo el tiempo para maquinar delitos y crímenes y enviar las órdenes desde las cárceles.
Los presidiarios estarán obligados a cumplir con al menos 1,400 horas de trabajo anuales en diferentes actividades productivas que serían definidas de acuerdo con la gravedad de los delitos imputados.
Y para los reos de alta peligrosidad, la propuesta está encaminada a imponer restricciones como la de permitir que estos individuos sean expuestos nada más a una hora de sol al día, así como la de prohibir visitas conyugales.
También deberán portar vestimenta especial que los identifique como privados de libertad, un código que sería definido por un Consejo Directivo con facultades legales para tales efectos.
La Ley que será aprobada en todo su contenido este martes busca terminar con los problemas de ocio, violencia y, de paso, avanzar en los procesos de rehabilitación, adaptación social y terapia ocupacional en el sistema penitenciario.
En este marco, los presidiarios serán incorporados en un esquema dirigido pensado para fomentar el hábito de trabajo, promover la rehabilitación e incentivar la revalorización de las personas procesadas o sentenciadas como sujetos de derechos humanos.
Una instancia denominada Unidad de Trabajo Obligatorio funcionará en cada uno de los establecimientos penitenciarios y tendrá a cargo llevar el registro de las horas de labor que desarrolle cada privado de libertad bajo el entendido de que dicha información será certificada por un juez de ejecución.
El Instituto Nacional Penitenciario tendrá libertad para suscribir acuerdos y convenios de colaboración entre dicha dependencia y organizaciones No gubernamentales, asociaciones, patronatos y grupos de apoyo a la población privada de libertad, ya sean éstas nacionales o extranjeras.
El programa incluye la asignación a los presidiarios de actividades de reforestación, fabricación de pupitres y pizarras, reciclaje de material, así como construcción y reconstrucción de infraestructura vial, física y arquitectónica del Estado.
Los reos estarán ocupados también en la preparación de materia prima necesaria para la elaboración de bloques, ladrillos, picar piedra, apertura de zanjas, y la movilización de arena o de cualquier otro material de construcción.
Con excepción de quienes adolezcan de enfermedades terminales, los discapacitados y los adultos mayores, el resto de los internos estarán forzados a desempeñar labores comunitarias para compensar, en alguna medida, los perjuicios causados a la sociedad.
Las actividades que lleven a cabo los privados de libertad, permitirán obtener un ahorro importante de recursos que hasta ahora son desembolsados para tales órdenes.
Se calcula que el Estado gasta entre 400 mil y 450 mil lempiras diarios, unos 164 millones de lempiras anuales únicamente en la alimentación de los recluidos.
El sistema penitenciario tiene una población estimada de 14 mil individuos, y una mora judicial arriba del 50% ; es decir, más de la mitad de los internos están en espera de ser procesados en 24 cárceles que se han convertido en universidades del crimen.