El “talón de Aquiles” de la sanidad es la salud mental

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Prácticamente no hay indicador de salud que no empeore a medida que bajan las condiciones socioeconómicas. La mayoría de las enfermedades afectan más a los que menos tienen, que son, además, quienes cuentan con recursos más limitados para costearse la asistencia. La salud mental es la gran brecha en esta inequidad en salud, según señala un estudio que ha presentado este jueves el Consejo Económico y Social (CES), que también señala al cáncer o a la atención a emergencias.

Félix Martín, presidente de la comisión de trabajo que ha elaborado este informe, pone un ejemplo para mostrar estos determinantes sociales en la salud: “Un hombre de 30 años que tiene estudios superiores tiene una esperanza de vida cinco años superior a otro que solo los tiene primarios. Y estas diferencias entre territorios pueden llegar a los siete años”.

Quizás en el ámbito donde la inequidad está más presente es en el de la salud mental, que el CES considera el “talón de Aquiles” y, “sin lugar a duda, uno de los capítulos más débiles del sistema sanitario español”. De las cerca de 14.000 consultas en el sistema público realizadas en 2010 se ha pasado a 26.000 en 2021 (último año que analiza el estudio) y se produjo un repunte de un 20% en los ingresos hospitalarios urgentes en el periodo de 2017 a 2021, un indicador que hasta esa fecha se mantenía relativamente estable.

“La insuficiencia de los recursos destinados a la atención a la salud mental en el Sistema Nacional de Salud ha propiciado el auge del sector privado en esta área asistencial, de modo que 8 de cada 10 consultas en psiquiatría se realizan en ese sector mientras que el sistema público responde solo de 2 de cada 10. Esta distribución de la actividad total, que implica gasto para la mayoría de los pacientes, puede resultar en una situación de cuidados inversos, recibiendo menos atención quienes más los necesitan, toda vez que los segmentos con menos recursos económicos son precisamente los más expuestos al riesgo de padecer problemas de salud mental”, señala el texto, bajo el título Informe sobre el Sistema Sanitario: situación actual y perspectivas para el futuro.

La relación entre salud mental y condiciones materiales tiene una evidencia muy contrastada. Los problemas para llegar a fin de mes o para afrontar gastos inesperados suponen una angustia que muchas veces deriva en patologías psicológicas. Sin ir más lejos, EL PAÍS púbico la semana pasada una encuesta en la que mostraba las personas con menos recursos económicos tiene de media, más problemas para dormir.

Los autores reprochan que, a pesar de la importancia de los datos epidemiológicos, y sus implicaciones en los ámbitos del bienestar y la economía (el coste de los problemas de salud mental en España son de un 4,2% del PIB), este ámbito de la salud recaba “una porción reducida de los recursos”: solo hay 10 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, tasa inferior a la media de UE, y muy inferior a la de algunos países como Alemania, Bélgica o Polonia.

Antón Costas, presidente del CES, señala que hay “un punto ciego” al que no se suele atender cuando se habla de sanidad, que va más allá de la equidad, y que se refleja en la productividad y el crecimiento de la economía: “Una población sana es una fuerza motriz extraordinaria de crecimiento, productividad e innovación. Este punto ciego no se tiene en cuenta en la vida política”.

El segundo ámbito de la salud caracterizado por la inequidad es el cáncer. “La participación en los programas de cribado de cáncer es menor en los segmentos de población con menor renta y menor nivel educativo, que son precisamente los que presentan más riesgo de padecer mala salud. Esa menor adhesión a los programas establecidos en Salud Pública limita las posibilidades de detección precoz e incrementa las tasas de agravamiento y empeora los pronósticos”, afirma el CES.

Hay varios factores que explican esta relación de cáncer y bajos recursos. Tabaco, alcohol y obesidad son tres de los grandes factores ambientales que aumentan el riesgo de tumores, y todos están más presentes en clases socioeconómicas bajas que en las más altas.

En la población general el cáncer es la segunda causa de muerte después de las enfermedades del aparato circulatorio, aunque en los hombres es, desde el año 2000, la primera causa de muerte. En 2019, tres de cada 10 defunciones en hombres y dos de cada 10 en mujeres fueron causadas por el cáncer.

Digitalización y emergencias

Además de salud mental y cáncer, el estudio subraya otros dos factores que contribuyen a la inequidad en salud: la digitalización de las consultas y emergencias como la covid. Con respecto a la primera, el CES señala que uno de los cambios más importantes en la actividad de Atención Primaria en los últimos años está siendo el avance de la telemedicina. “Ofreciendo interesantes posibilidades de mejora en términos de eficiencia, puede estar generando efectos negativos por el empeoramiento de los niveles de detección de riesgos y enfermedades, así como en el control y seguimiento de patologías crónicas. Las personas de edades avanzadas y las que cuentan con escasas habilidades en herramientas digitales son precisamente las que más atención médica necesitan, pero son también las que menos acceden a la atención por medios digitales, cuyo avance ha quedado constatado, sustituyendo parcialmente a la atención presencial”.

Con respecto a las emergencias, señala la pandemia como potenciador de desigualdades territoriales: “Cabe destacar el hecho de que algunas comunidades, como Castilla y León, cuyas tasas de dependencia de mayores de 64 años se sitúan por encima de la media nacional, arrojan tasas de mortalidad muy elevadas, mientras que otras, con menos población mayor han experimentado tasas de mortalidad por covid también muy altas y no atribuibles a una población especialmente envejecida, como en el caso de Madrid. Por ello, las causas de las importantes diferencias territoriales deben buscarse en otros factores”.

Ante estos problemas, el CES propone incrementar el esfuerzo en la detección, el análisis y la evaluación de las desigualdades en salud; analizar el impacto en la equidad de los copagos y las exclusiones de prestaciones, medicamentos y productos sanitarios de la financiación y dar “respuestas progresivamente más intensas en función de las condiciones socioeconómicas, aplicando medidas selectivas para mejorar las circunstancias de las personas en situación de mayor vulnerabilidad”.

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