Recibe actualizaciones en tiempo real directamente en tu dispositivo, suscríbete ahora.
Kenneth Madrid, director de justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), ha levantado una voz y expresó su preocupación por las recientes rotaciones en las salas de la CSJ, destacando que nunca antes se había visto una situación tan cuestionable e ilegal.
«Ni en los tiempos en que estuvo más politizada la CSJ vimos algo así», declaró Madrid, refiriéndose a las decisiones recientes que permitieron que la presidenta de la CSJ, en lugar del pleno, decretara las rotaciones. Esta reforma al reglamento interno, según Madrid, no solo es ilegal, sino que también socava la independencia judicial y la imparcialidad del sistema judicial.
La presidenta de la CSJ, Rebeca Raquel Obando, defendió las rotaciones, señalando que se ajustaban al Reglamento Interior de la CSJ, reformado el 17 de febrero de 2023. En un comunicado oficial, Obando afirmó que las rotaciones se llevaron a cabo de acuerdo con las disposiciones legales y que las salas continuarían operando con normalidad.
Sin embargo, Madrid no quedó convencido y reiteró su preocupación, afirmando que la situación actual refleja un intento de politización del Poder Judicial, similar al que meses atrás se había observado en el Congreso Nacional de la República. Según Madrid, la CSJ está siendo víctima de presiones políticas que buscan influir en sus decisiones y debilitar su independencia.
Las declaraciones de la presidenta Obando en redes sociales contrastan con las críticas de Madrid, quien argumenta que las rotaciones no respetan el orden de precedencia establecido en la Constitución de la República y el reglamento interno de la CSJ. Para Madrid, lo que está en juego es la integridad del sistema judicial y su capacidad para garantizar la justicia de manera imparcial y equitativa.
En medio de esta polémica, la sociedad civil y diversos sectores han instado a las autoridades a respetar la independencia judicial y a garantizar que las decisiones de la CSJ se tomen de manera transparente y conforme a la ley. La situación sigue en desarrollo mientras las voces críticas continúan exigiendo respuestas y acciones para salvaguardar el estado de derecho en el país.
