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A dos años y ocho meses de cárcel fue condenada la diputada María Luisa Borjas, por la comisión del delito de calumnias constitutivas de difamación en una querella interpuesta por el empresario Camilo Atala.
La resolución que firmó el magistrado Rolando Argueta Pérez, que actuó como juez natural designado, asegura la autoría responsable a título de autora directa por el delito de calumnias constitutivas de difamación.
La sentencia judicial no establece condena o suspensión de su cargo como diputada en el Congreso de la República, tampoco en otras acciones de interdicción civil.
El pasado 29 de enero, el juez natural, Rolando Argueta Pérez, declaró culpable a la diputada María Luisa Borjas por el delito de calumnias.
El juez que conoció la causa, determinó que María Luisa Borjas vertió sus declaraciones de manera irresponsable, ya que por lo menos ella tuvo que realizar la mínima diligencia para confirmar la misma, que sería trasladada a un público.
De acuerdo a lo establecido en el Código Penal hondureño, la diputada Borjas enfrentaba una pena de entre dos años y ocho meses hasta cuatro años de cárcel, es decir se le aplicó la mínima.
Con base al expediente, la querella se originó luego que María Luisa Borjas, indicó que el empresario habría sido el autor intelectual de haberle dado muerte a Berta Cáceres, hecho ocurrido en marzo del 2016.
Por su parte, la diputada María Luisa Borjas, expresó: Que “con los mismos elementos que existen se está preparando el recurso de casación, esta es una querella que no debió de ser admitida, porque no reúne las características para calificarla como tal, el querellante jamás hizo acto de presencia”.
“Me iré a las instancias internacionales y allí sí me van a restituir mis derechos”, indicó.
DECLARACIÓN PÚBLICA
No obstante, el apoderado legal del empresario, Fernando Padilla, expresó su opinión acerca de lo ocurrido en el transcurso del juicio, por querella contra la diputada María Luisa Borjas, que dice así textualmente:
Declaración pública del apoderado Legal del señor Camilo Alejandro Atala Faraj, relacionado a la condena de la señora María Luisa Borjas por calumnias constitutivas de difamación y la individualización de la pena.
Deseo ser consistente con el interés legítimo de mi cliente en el caso relacionado.
Lo más importante del fallo de la honorable Corte, fue lograr un beneficio de interés general para la sociedad hondureña, al establecer un mensaje claro a los candidatos, cuyas ambiciones personales e intereses proselitistas, los inspira a realizar campañas difamatorias y no éticas, los cuales tendrán que asumir la responsibilidad por sus estratégias y acciones. Si no fuese así, el efecto sería tener elecciones que estarían promoviendo y premiando a los candidatos que lleven a cabo campañas falsas, sucias y contaminadas.
Por otro lado, durante el desarrollo del juicio, a través de las evidencias, los testimonios, y el fallo, han demostrado de manera contundente que la campaña electoral de MLB fue basada en un documento falso, que contenía calumnias y falsedades en contra de una persona inocente. Además, por el cargo que ella desempeñó en la policía, el tribunal pudo entender que carecía de credibilidad el argumento de la defensa, “que ella no pudo haber sabido que era un documento falso” o hasta pedir a través de los medios de comunicación que las autoridades deberían analizar la veracidad del supuesto informe.
Queremos volver a enfatizar lo que se ha dicho siempre y de forma reiterada a partir del día del fallo:
Nunca ha sido el motivo de mi cliente, limitar la libertad de expresión, que debe ser ampliamente tutelada. El propósito es y ha sido siempre, de no existir una solución alternativa similar, solicitarle al Poder Judicial, dentro del ambito legal, que establezca un marco adecuado para poner un límite a estas formas de campañas extremadamente sucias. Además, existe un interés público vital en ayudar a garantizar que las investigaciones criminales puedan perseguir a los verdaderos culpables y hacer justicia para las víctimas, sin ser saboteadas por campañas publicitarias, politizadas y fraudulentas que buscan desviar importantes investigaciones criminales dirigidas a personas inocentes, que en la práctica sería otra forma de promover la impunidad de los verdaderos delincuentes.
Finalmente, el interés legítimo y sincero de mi cliente solo ha sido establecer la verdad y un precedente trascendental para el país. Nunca ha habido ningún deseo de afectar o limitar la libertad personal de una persona en particular, como en efecto ha quedado evidenciado el día de hoy, ya que la Corte, dentro del marco de la Ley, con su obligación de hacer justicia y promover el interés público, aplicó una sentencia atenuante; una sentencia que da la posibilidad de no limitar la libertad, en vista que la condena es conmutable. Esta pretensión ha sido consistente y ha sido la razón por la que antes del veredicto, buscamos y ofrecimos a la diputada Borjas, en reiteradas ocasiones, la oportunidad de resolver este asunto de manera amistosa, mientras al mismo tiempo, buscamos defender el interés público para evitar la repetición de este tipo de campañas sucias.