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Tegucigalpa, Honduras.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, destacó la importancia del diálogo, de la efectividad de los derechos humanos y del respeto al Estado de derecho, para lograr la solución pacífica a los aspectos críticos que generan la situación prevaleciente de tensión social en el país
El ombudsman hondureño resaltó la importancia del diálogo como principio y práctica, por excelencia, de renovación democrática de las naciones.
Expresó que los habitantes tienen el derecho a las libertades de reunión y manifestación pacífica así como al ejercicio de la libertad de expresión, de opinión y derecho de petición, ya sea para reclamar derechos fundamentales o para emitir declaraciones sobre las políticas públicas o para promover debates locales o nacionales sobre temas de interés.
“El Estado tiene el deber de respetar esos derechos y libertades y adoptar las medidas necesarias para proteger el ejercicio democrático de los mismos”, indicó.
Herrera Cáceres, es del criterio que la manifestación pública, como expresión de participación política y social, reviste un interés social imperativo para la consolidación de la vida democrática.
Señaló que de acuerdo con el sistema interamericano de protección de derechos humanos, la manifestación pública solo puede ser objeto de restricciones en aquellos casos que tengan por objeto evitar amenazas serias e inminentes y en la medida estrictamente necesaria para proteger los derechos humanos de otras personas.
Citó para el caso que la misma Constitución de la República garantiza esos derechos y libertades fundamentales y establece que “están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático”.
Diálogo debe impulsar el cambio y la transformación del país
Con insistencia el CONADEH ha recomendado un diálogo cívico entre todos los sectores para propiciar consensos y orientar a la solución de problemas como la violencia y la delincuencia, el desempleo, la falta de crecimiento económico incluyente, la pobreza, la discriminación, la corrupción y la impunidad.
El defensor del pueblo hondureño considera que “el diálogo cívico debe centrarse en resultados concretos para impulsar el cambio y la transformación en el país”.
Indicó que la sociedad democrática tiene que ser inclusiva y, en este sentido, se tiene que escuchar a través de un diálogo amplio, ya no solamente a los partidos políticos sino que también a los diferentes sectores de la población.
Explicó que el CONADEH debe velar por el fortalecimiento del Estado democrático y social de derecho y, bajo este parámetro, ser mediador en los conflictos entre sectores de la sociedad y el gobierno, para facilitar puntos de encuentro que contribuyan al cambio pacífico en el Estado Hondureño.
“Es urgente conducir el destino de Honduras por la ruta de la dignidad y el bienestar de todos los hondureños”, precisó.
La corrupción y la impunidad han impedido el desarrollo del país
El Comisionado de los Derechos Humanos es del criterio que la lucha contra la corrupción y la impunidad no se puede convertir en el objetivo final.
Agregó que, males como la corrupción como la impunidad se han convertido en los obstáculos que han impedido el desarrollo del país.
“Si nosotros vamos a trabajar para liberarnos de ese obstáculo, ya tenemos que ver el camino más claro para avanzar hacia la dignidad y el bienestar de la sociedad”, declaró.
Institucionalidad del Estado no debe ser sustituida
Sobre la propuesta de constitución y funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, manifestó que ha analizado y visto esa propuesta y que, en su momento, sugirió que fuera la Comisión Multipartidaria, nombrada por el Congreso Nacional, la que debería analizar y formular recomendaciones sobre la misma.
Explicó que una Comisión de esta índole debe forjarse en base a las particularidades de cada país y a los problemas especiales que va tener por mandato contribuir a resolver.
Agregó que con este tipo de comisiones lo que se busca es fortalecer la institucionalidad del Estado y no sustituir a las que hay en el país.