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La tensión aumenta en la Secretaría de Estado de Derechos Humanos (SEDH) mientras unos 60 empleados mantienen una ocupación de las instalaciones desde hace 26 días, enfrentando ahora una denuncia en el Ministerio Público.
La defensora de derechos humanos, Dina Meza, condenó la acción del gobierno, señalando que «en el gobierno de la Refundación y del socialismo democrático van a emitir supuestamente un requerimiento fiscal en contra de sus propios compañeros que están protestando». Meza enfatizó en que la protesta es un derecho fundamental que no puede ser coartado.
En lugar de buscar una solución a través del diálogo, Meza denunció que los trabajadores fueron presionados para iniciar una mediación bajo amenazas. Relató la llegada de agentes de la DPI con un documento que no mostraron, pero que finalmente se identificó como una denuncia interpuesta por la ministra Natalie Roque, representante legal de la Secretaría, en contra de los empleados en protesta.
La defensora de derechos humanos lamentó que, entre los empleados en protesta, se encuentren militantes del Partido Libre, lo que indica una división interna y una persecución a aquellos que defienden sus derechos.
Meza instó a las autoridades a buscar una solución coherente al conflicto y a proteger a los empleados que han enfrentado situaciones sospechosas, como la toma de fotografías y la presencia reiterada de vehículos desconocidos en los alrededores de las instalaciones de la SEDH.
La situación evidencia una creciente preocupación por el respeto a los derechos humanos y el ejercicio del derecho a la protesta en Honduras, mientras el conflicto en la SEDH continúa sin una solución clara a la vista.
