Cohep denuncia continuación de la Tasa de Seguridad a pesar de la eliminación de fideicomisos
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El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ha emitido una alerta sobre la persistencia de la Tasa de Seguridad, a pesar de la eliminación de los fideicomisos.
En el año 2022, mediante el Decreto 66-2022, se eliminaron la mayoría de los fideicomisos, incluyendo los artículos 30 y 31 del Decreto 105-2011 que establecían la Tasa de Seguridad. Sin embargo, según el Cohep, el Gobierno continúa recibiendo financiamiento a través de esta fuente de ingresos, lo que ha generado cuestionamientos.
El sector empresarial también ha señalado que, a pesar de que se presupuestaron estos fondos, se desconoce el destino exacto de los recursos recaudados mediante la Tasa de Seguridad, es decir, los gastos que están siendo financiados a través de este rubro.
Hasta el mes de agosto de 2023, se han recaudado 2,714.07 millones de lempiras, lo que representa un 70 por ciento del monto presupuestado, que era de 3,894.8 millones de lempiras.
Además, se informa que el año anterior se recaudaron un total de 3,831.92 millones de lempiras, superando en un 123 por ciento la cifra presupuestada.
En noviembre de 2022, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó un informe titulado «Tasa de Seguridad Poblacional: La nueva década perdida», en el cual se realizaba un análisis completo sobre el origen, desarrollo y consecuencias de un fideicomiso que fue considerado perjudicial para la población hondureña.
El CNA reveló en el informe que los fondos recaudados a través de la «tasa de seguridad poblacional» se utilizaron para la compra de álbumes y boletos para el Mundial de Rusia 2018, así como para clubes de entretenimiento y otros lujos. Detallaron que se utilizaron para pagar entradas a conciertos, vehículos de lujo, arreglos florales, cenas de gala y más.
Ante estas revelaciones, el exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, planteó la necesidad de que la Tasa de Seguridad sea investigada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público (MP), debido a que se trata de una cuestión relacionada con redes de corrupción. Orellana afirmó que es un asunto que compete a estas entidades encargadas de investigar y combatir la corrupción en el país.
