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Tegucigalpa, Honduras.
El Congreso Nacional (CN), conoció este miércoles durante la celebración de la sesión ordinaria, diversas e importantes iniciativas de ley al tiempo que los diputados se solidarizaron con los familiares de las víctimas de un accidente aéreo ocurrido este día en las inmediaciones de la ciudad de Gracias, Lempira, occidente del país.
Precisamente, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, lamentó el suceso y se solidarizó con las familias de las víctimas del accidente aéreo, tal como lo hicieron varios diputados durante sus intervenciones.
Oliva también destacó la inauguración este día por parte del presidente Juan Orlando Hernández, de la segunda etapa del aeródromo Celaque, en Gracias, departamento de Lempira, el que servirá para fomentar el turismo hacia el sector occidental del país.
Durante la sesión, la diputada liberal por Francisco Morazán, Gabriela Núñez, presentó un proyecto de ley encaminado a eliminar la participación de intermediarios en las transacciones de operaciones bursátiles entre instituciones del Estado, dado a las circunstancias que se han conocido en los dos últimos días en relación a la compra de bonos que se hace entre instituciones públicas ya sean de previsión social, instituciones autónomas o descentralizadas.
En ese sentido, en la iniciativa se propone reformar por adición el artículo nueve del decreto 08-2011 del 8 de mayo de 2011 contentivo del mercado de valores prohibiendo a las instituciones públicas de previsión y al resto de los entes del sector público, incluidas las municipalidades, el uso de intermediarios para la negociación de valores en el mercado secundaria cuando éstas sean entre instituciones del mismo sector público.
Mientras tanto, el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) por Francisco Morazán, José Luis Galdámez, presentó un proyecto de decreto encaminado a crear una comisión especial de investigación integrada por dos representantes de la sociedad civil de derechos humanos, representante del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, miembros de la comunidad internacional y representantes del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y un diputado de cada partido político representado en la Cámara Legislativa propuesto por el jefe de bancada con el objetivo de investigar la participación de instituciones del Estado en la muerte de hondureños que, según el legislador, están siendo ejecutados sistemáticamente en el país.
Por su parte, el diputado de Unificación Democrática (UD) por Cortés, Edwin Pavón, presentó un proyecto de decreto para reformar el artículo 203 de la Constitución de la República a fin de que los diputados electos opten a ejercer cargos públicos remunerados en el gobierno durante el tiempo por el cual han sido elegidos, excepto los de carácter docente, cultural y los relacionados con los servicios profesionales de asistencia social.
No obstante, los diputados suplentes podrán desempeñar cargos públicos sin que su aceptación y ejercicio produzca la pérdida de la calidad de tales.
Entretanto, el diputado del Partido Anticorrupción (PAC) por Cortés, Aníbal Cálix, presentó un proyecto de ley para establecer de manera clara los conceptos de acoso escolar o bullying como se le conoce en inglés, los procedimientos de prevención, investigación, seguimiento, penalización y análisis que deberán cumplir los centros educativos con respecto a esa problemática.
En el artículo dos, se establece que se entenderá por acoso escolar o bullying como la práctica de actos violentos de discriminación, maltrato físico o verbal de forma intencional y repetidas que son cometidos por una o más personas que pueden ser sus compañeros o maestros de escuela con el propósito de intimidar o agredir a la víctima y que se cometen dentro o fuera de la escuela y hasta a través de redes sociales.
En ese sentido, cada centro educativo deberá crear un comité en contra del acoso escolar conformado por un maestro, un representante del Consejo Escolar de Desarrollo Comunitario y un representante de los padres de familia.
Por su lado, el diputado de Libre por Francisco Morazán, Rasel Tomé, presentó un proyecto de ley para crear un fondo de apoyo económico por 10 mil millones de lempiras a los productores de café afectados por la roya del cafeto financiado con recursos internacionales a una tasa de un siete por ciento de interés y siete años de gracia. Asimismo, la retención máxima a los productores no excederá de las tres libras por quintal.
El 50 por ciento del fondo constituido irá destinado a otorgar créditos a los pequeños productores que son aquellos cuya producción por cosecha es igual a menor a 100 quintales de café de pergamino y los recursos son para restaurar las fincas que fueron afectadas por la roya, para fertilización y nutrición de los cafetales, establecimiento de un seguro agrícola, diversificación de los cultivos en las fincas como maderables, cacao y ganadería, mejorar las condiciones de los trabajadores, la organización, desarrollo y fortalecimiento del Instituto de Previsión de la Caficultura, construcción de infraestructura y mecanismos para atender las necesidades de atención médica preventiva y hospitalaria, programas de becas para los niveles educativos media y superior de las familias cafetaleras, transformación e industrialización del café y programas de titulación de tierra y vivienda rural.
El diputado liberal Walter Romero, presentó un proyecto de ley orientado a interpretar el artículo uno del decreto de 278-2013 que contiene la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión en el sentido que lo dispuesto que lo establecido en ese artículo sólo es aplicable a las exoneraciones y franquicias aduaneras por la importación de mercancías con dispensas y compras locales y que por consiguiente no incluye el pago del Impuesto Sobre Ventas (ISV).
De su lado, la diputada liberal por Atlántida, María Aracely Leiva Peña, presentó un iniciativa de ley para autorizar al Poder Ejecutivo para que proceda a enajenar a favor de la municipalidad de la ciudad de La Ceiba, el terreno que actualmente ocupa el centro penal de ese municipio, ubicado en las proximidades del muelle en la zona turística en virtud que el uso actual de ese inmueble es inapropiado a la función que presta, genera inseguridad ciudadana y desarmoniza con la adecuada planificación urbana de la ciudad.
En ese sentido, la municipalidad de La Ceiba deberá destinar dicho inmueble al funcionamiento de un museo antropológico de la ciudad, por lo que la diligencia para la desocupación del predio debe complementarse dentro de un plazo de un año contado a partir de la vigencia del decreto.
La Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, debe proceder a reubicar a la población penitenciaria a otro centro penal o complementariamente gestionar mediante alianza público privada la construcción de una nueva cárcel.
El diputado de Libre por Colón, Wilfredo Paz, presentó una manifestación para condenar la ola de criminalidad que enluta a muchos hogares hondureños y por los altos niveles de inseguridad.
La diputada liberal por Comayagua, Gloria Bonilla, presentó una iniciativa de ley orientada a establecer mediante transferencia interna en el Presupuesto General de la República para 2015 una asignación de recursos de inversión por tres millones 500 mil lempiras en la conformación programática de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social.
Esos recursos serán destinados como un subsidio del Estado a la Asociación Nacional de Adultos Mayores, capítulo de Comayagua destinados a la construcción de un centro de servicios múltiples y clínica de salud geriátrica en el terreno de esa organización.
Entretanto, el diputado nacionalista, Nelson Abdalah, presentó una iniciativa de ley orientada a declarar de carácter obligatorio el uso de una banda reflectora o cualquier otro dispositivo reflectivo para los conductores y pasajeros de vehículos de dos y tres ruedas con motor fijo o agregado como motocicletas, motonetas, bicimotos y bicicletas u otros similares.
Asimismo, queda terminantemente prohibido transportar menores de cinco años en vehículos motorizados de dos ruedas y el incumplimiento a esa norma tendrá una sanción equivalente a medio salario mínimo la que será impuesta por la Dirección Nacional de Tránsito.
La diputada nacionalista por Choluteca, María Emérita Bardales, presentó un proyecto para crear por única vez, una partida presupuestaria por ocho millones de lempiras para la construcción de un centro asistencial para personas con enfermedades mentales, el que estará ubicado en el costa norte del Hospital Regional del Sur. Para lo cual la Secretaría de Finanzas deberá asignar esos fondos en coordinación con el Ministerio de Salud.
Por su parte, el diputado liberal por El Paraíso, Ramón Chacón, presentó una iniciativa para que la Secretaría de Finanzas asigne con carácter de urgencia, 60 millones de lempiras para que la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos realice el bacheo y la reparación de las cinco fallas de la carretera panamericana CA-6 que conduce de Tegucigalpa hasta el departamento de El Paraíso.
No obstante, la también diputada por El Paraíso, Sara Medina, informó que luego de una visita que realizó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Roberto Ordóñez a ese departamento, indicó que por órdenes del presidente Juan Orlando Hernández, se procederá a hacer esas reparaciones para lo que ya se cuenta con los fondos por lo que el proyecto de ley será dictaminado rápidamente.
Entretanto, la diputada liberal por Francisco Morazán, Yadira Bendaña, presentó una iniciativa encaminada a favorecer un centro de atención infantil que dirige sor María Rosa.
El diputado liberal por Colón, Midence Oquelí Martínez, presentó un proyecto de decreto para crear la Ley de Auditoría de Seguridad Vial (ASV) cuyo objetivo es la prevención de los accidentes de tránsito o al menos la mitigación o severidad de los mismos y en general minimizar el número de personas lesionadas y salvar vidas humanas.
Con esa iniciativa, el presidente en funciones del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, cerró la sesión y convocó para una nueva reunión mañana jueves a partir de las 9:00 de la mañana.
El pasado 5 de marzo, el Congreso Nacional aprobó la Ley para Regular el Uso de los Establecimientos Escolares, conocida también como Ley de Escuelas Abiertas, que fue presentada en la Cámara Legislativa por la diputada liberal por Francisco Morazán, Yadira Bendaña, encaminada a que por ningún motivo los centros educativos sean cerrados para interrumpir las clases de niños y jóvenes.