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Debido a la gravedad y descubrimientos en el extenso material presentado por la fiscalía en contra del exjefe policial, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, la defensa solicitó un refuerzo para que el trabajo se haga más rápido y a un menor costo para los tribunales.
“Estimado juez Castel, mucho ayudaría el nombramiento de un abogado asociado para obtener el trabajo realizado en tiempo y forma”.
Por esta razón, Raoul Zaltzberg, su abogado público, solicita que asignen a la abogada Bernarda Villalona, quien por ser de descendencia dominicana, habla el idioma de Bonilla.
Villalona cobra honorarios de 125 dólares por hora, es una abogada litigante con 18 años de experiencia, se considera una de las mejores del país, habiendo completado más de 100 juicios y brinda comentarios legales sobre casos de todo el país, en varios medios de comunicación.
Bernarda comenzó su carrera en la Oficina del Fiscal del Distrito de Filadelfia antes de regresar a Brooklyn, donde durante 13 años participó en más de 40 juicios como jurado, por delitos graves violentos, incluidos numerosos homicidios.
También tiene una amplia experiencia en la evaluación de asuntos legales relacionados con investigaciones criminales, escuchas telefónicas y órdenes de allanamiento.
Cabe destacar que “El Tigre” es señalado como el sicario del cartel de los Hernández. Algunas de las láminas entregadas muestran el cuerpo de un exalcalde del occidente del país, asesinado con un mensaje en su frente.
Según la acusación de los fiscales federales, Bonilla Valladares, explotó de manera corrupta estos cargos oficiales para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger a la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineaba, incluido “Tony” Hernández Alvarado y Juan Orlando Hernández, quien es un excongresista hondureño y ex-presidente de Honduras.
A cambio de sobornos pagados con ganancias de drogas, “El Tigre” ordenó a miembros de la Policía Nacional, armados con ametralladoras, que dejaran pasar cargamentos de cocaína a través de retenes policiales sin ser inspeccionados, ni incautados.
Y que en coordinación con Hernández Alvarado y otros, proporcionó a los miembros de su conspiración, información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína e información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima.
Alrededor del 2010, Tony Hernández le dijo a un testigo colaborador (“CW-1”) que junto con “JOH” ayudaron a “El Tigre” a avanzar en su posición dentro de la Policía y que a cambio protegió sus actividades de tráfico de drogas.
La acusación también señala que alrededor de julio del 2011, “El Tigre” participó en el asesinato de un narcotraficante rival a pedido de Tony. Pretendiendo investigar el asesinato en ese momento, “El Tigre” habría dicho a un miembro de los medios de comunicación, en esencia, que el asesinato fue un ataque sorpresa, bien planeado que se llevó a cabo de manera eficiente y que los perpetradores habían limpiado a fondo la escena del crimen.
La demanda acusa a “El Tigre”, de 60 años, de: (1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, (2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover, la conspiración de importación de cocaína; y (3) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína.
Si es declarado culpable, enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el primer cargo, una sentencia mínima obligatoria de 30 años de prisión, una pena máxima de cadena perpetua por el segundo cargo, y un término máximo de cadena perpetua en el cargo tres.
