Canciller Reina rechaza injerencia de EE. UU. en los asuntos internos del país
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El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, ha rechazado la supuesta injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país centroamericano.
La disputa surge a raíz de las críticas vertidas por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), luego de la publicación de un informe sobre los Índices de Percepción de la Corrupción, en el que Honduras fue catalogado como uno de los países más corruptos de la región centroamericana.
ASJ denunció haber recibido amenazas y discursos de odio por parte del Gobierno hondureño, lo que generó la expresión de preocupación por parte de un alto funcionario estadounidense.
El Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en Estados Unidos, Brian Nichols, manifestó su inquietud por las amenazas contra ASJ y su liderazgo, subrayando la importancia del discurso libre y abierto para el funcionamiento de la democracia.
En respuesta, el canciller Reina utilizó su cuenta de una red social para rechazar lo que calificó como «injerencia por las quejas falsas de estas organizaciones de sociedad civil vinculadas a JOH» (Juan Orlando Hernández). Reina defendió la posición del Gobierno hondureño, argumentando que las críticas de ASJ son infundadas y que estas organizaciones han respaldado grandes cantidades de fondos externos sin resultados positivos en la lucha contra la corrupción o la mejora de la justicia durante la administración de Juan Orlando Hernández.
El funcionario hondureño también cuestionó la efectividad de iniciativas como la «fallida» depuración de la policía y abogó por una auditoría del impacto nulo de estas acciones en los últimos 12 años. Reina afirmó que estas organizaciones de sociedad civil se convirtieron en el aval de JOH y que el Gobierno no amenaza, sino que simplemente comunica la verdad, en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información veraz para el pueblo hondureño.
La controversia revela las tensiones entre el Gobierno hondureño y las organizaciones de sociedad civil, así como la intervención de actores internacionales, especialmente Estados Unidos, en medio de preocupaciones sobre la democracia y la libertad de expresión en Honduras.
