Analista político pide a presidenta Xiomara Castro tomar con seriedad señalamientos en lista Engel
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El abogado y analista político Oliver Erazo pidió a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tomar con seriedad los señalamientos de actuales funcionarios en la Lista Engel.
En la nueva Lista Engel que hizo oficial ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.) figuran 15 hondureños, entre ellos el asesor presidencial Enrique Flores Lanza y los vicepresidentes del Congreso Nacional, Rasel Tomé y Edgardo Casaña.
“Tenemos a estos dos funcionarios -Tomé y Casaña- que han sido condenados por los tribunales de sentencia de Honduras. Aquí hay un tema de falta de ejecución de la sentencia y preguntamos por qué los dejaron participar en el proceso de elecciones y por qué integran la junta directiva del Congreso Nacional”, consultó.
El gobierno de Honduras expresó su rechazo categórico a la Lista Engel al considerar que es un documento motivado políticamente e injerencista.
A criterio del analista, esto no es intervencionismo porque arguyó que fue el Poder Judicial y el Ministerio Público de Honduras quienes persiguieron el delito y emitieron una sentencia condenatoria.
“La presidenta debe tomar con mucha seriedad el señalamiento de estos listados porque aquí se está poniendo en juego el estatus migratorio de los hondureños, y hay que recordar que vivimos en un gran porcentaje de las remesas”, resaltó el abogado.
Erazo puntualizó que esto no es un tema de ideología, sino uno que impacta la economía nacional.
De acuerdo al Departamento de Estado, el diputado Edgardo Casaña se dedicó a corrupción significativa al reestructurar indebidamente el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) para destinar más de 5 millones de dólares en beneficios a aliados políticos y constituyentes, con el fin de asegurar los votos y mantener el poder político.
Por su parte, se señala que Rasel Tomé participó en importantes actos de corrupción cuando usó su cargo como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), para apropiarse indebidamente de aproximadamente 327 mil dólares de fondos públicos.