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En una contundente respuesta a la solicitud de renuncia de la presidenta Xiomara Castro, realizada por Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el ministro de Planificación y vocero del Gobierno, Ricardo Salgado, la acusó de traición a la patria y de actuar como un peón de intereses extranjeros.
«Señora Castellanos: es usted quien debería ser acusada de traición a la patria por servir los intereses de una potencia extranjera y socavar el Estado de Derecho y el sistema democrático de Honduras», declaró Salgado, enfatizando que las acciones de Castellanos tienen como objetivo desestabilizar y derrocar al gobierno democráticamente elegido por el pueblo hondureño.
El ministro Salgado también hizo un llamado al Ministerio Público para investigar a fondo las fuentes de financiamiento que sostienen las operaciones del CNA. «Pido, como ciudadano en pleno uso de sus derechos políticos, y con el mayor fervor patrio, al Ministerio Público, que investigue a fondo las fuentes de financiamiento y la procedencia de los mismos que sostienen la costosa operación de la ONG», señaló.
Salgado fue aún más allá al afirmar que si alguien debería renunciar es Castellanos, a quien acusó de actuar como una «quinta columna» en contra de los intereses nacionales. «Debería renunciar porque para sus viles acciones cobra dinero del pueblo al que a diario traiciona», añadió, insinuando que la directora del CNA está al servicio de fuerzas que buscan debilitar al gobierno actual.
La respuesta del gobierno se produce en un contexto de creciente tensión entre las autoridades y organizaciones que critican la administración de Xiomara Castro. Estos conflictos han sido especialmente evidentes en los últimos acontecimientos, como la denuncia del Tratado de Extradición con Estados Unidos.
Mientras tanto, el CNA se mantiene firme en sus denuncias, aumentando la presión sobre un gobierno que enfrenta críticas tanto internas como externas. La polémica en torno a estas declaraciones refleja un ambiente político cada vez más polarizado en Honduras, donde las acusaciones de corrupción y desestabilización continúan siendo temas centrales del debate público.
