Unos 60 mil emigrantes hondureños quedarían fuera del TPS

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Una avalancha de 60,000 emigrantes hondureños que están acogidos al Estatus de Protección Temporal (TPS), están atrapados por el temor ante la inminente decisión del régimen Trump de no extender la vigencia del programa.

Esta masa de connacionales serían regresados al país, una vez que su calificación migratoria entre en una situación crítica al ser cancelada la posibilidad de regularizar su permanencia en Los Estados Unidos.

La zozobra se ha apoderado de los compatriotas que viven en la Unión Americana, a raíz de las redadas que se llevan a cabo en varios estados y que, de acuerdo con los argumentos de Washington, siguen el propósito de detener a los indocumentados, sobre todo los que tienen antecedentes delictivos.

Dirigentes de la comunidad hondureña en Los Estados Unidos, alertaron que este tipo de operativos es un preludio de que no será extendido el programa de protección migratorio.

Se quejaron, además, que los cónsules y otros funcionarios del servicio exterior no han tomado las previsiones del caso; más bien, muestran una inaceptable pasividad ante la tormenta que se avecina.

Honduras estaría, entonces, ante pronósticos de tempestad migratoria, puesto que el país no tiene creadas las condiciones para insertar a los compatriotas que sean retornados del norte.

El Estatus de Protección Temporal fue ampliado por el plazo de un año y medio que vence en enero de 2018. El último período del TPS llegó a su final en julio de 2016 en su décimo tercera extensión.

Los sobresaltos entre los hondureños emigrantes se generaron mucho antes de que el magnate neoyorquino Donald Trump se alzara con la victoria en los comicios presidenciales de noviembre de 2016.

Los analistas avizoraban entonces que la política del mandatario iba enfocada a intensificar las deportaciones de los ilegales y revisar la cancelación del TPS.

El estatus migratorio temporal se otorga a los nacionales designados como beneficiarios. En 1990, como parte de la Ley de Inmigración, el Congreso estableció un procedimiento por el cual se puede otorgar un beneficio a quienes no pueden regresar a su hogar sin correr riesgos debido, entre otras condiciones, a catástrofes como fue el caso de los hondureños afectados por el huracán Mitch.

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