Recibe actualizaciones en tiempo real directamente en tu dispositivo, suscríbete ahora.
El Congreso Nacional (CN), aprobó este pasado jueves 23 de enero, la Ley Marco de Vivienda y Asentamientos Humanos, con el objetivo de que miles de hondureños dejen de pagar alquiler y tengan opción de ser dueños de sus propias casas.
En ese sentido, con dicha ley, Honduras tendrá reglas claras y una política estable de vivienda que beneficie al pueblo, con la que se proyecta se generarán 300 mil empleos, se construirán entre ocho y diez mil casas al año y se destinarán 170 millones de dólares enfocados en financiamiento y construcción de proyectos de vivienda social.
Con la normativa, miles de familias se verán beneficiadas con acceso a créditos hipotecarios con cero primas, cuotas accesibles y bajas tasas de interés; condiciones financieras que contarán con el respaldo de la banca privada.
Te puede interesar: Gobierno invertirá más de L. 56 mil millones en infraestructura
Además de poner a disposición de la población recursos financieros para construcción de vivienda, canalizados a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi)
Otra de las partes importantes que tiene esta ley, es que se crea la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (Seviah), que tiene como propósito la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de la política pública de vivienda y asentamientos humanos del país.
A su vez, se crea el Fondo Hondureño para la Vivienda (FONHVIVIENDA), para el financiamiento y acceso al crédito de la vivienda.
El Bono de Vivienda de Interés Social será un aporte Estatal, en dinero o en especie, para facilitar el acceso a la población de una vivienda de interés social, o el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de ésta.
Según el artículo 18 de la ley, para el acceso a estos bonos, la Seviah dará prioridad al acceso del bono y a atención en vivienda para los hogares con ingresos inferiores o iguales a cuatro (4) Salarios Mínimo, en su escala más alta Vigente.
Dicho bono no podrá ser menor al 11 por ciento del valor de la vivienda de interés social a ser adquirida por arrendamiento o compra.
Esta ley fue consensuada con desarrolladores, cooperativas, bancos, empresa privada y con la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO).