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Tegucigalpa, Honduras
Conviene analizar el efecto del último paquete fiscal en tanto sus resoluciones tendrán un fuerte impacto sobre la industria de la construcción.
De entrada puede afirmarse que las medidas contempladas en la Ley de Reordenamiento Fiscal, Revisión de Exoneración y Medidas Anti-evasión, tendrán un alcance negativo sobre el rubro de la construcción en general.
Se espera que tales secuelas se multipliquen, puesto que la industria de la construcción es el mayor generador de empleo en el país, sólo equivalente a la masiva apertura de puestos promovida por la maquila.
La industria logró sostener en 2013 cien mil empleos, de acuerdo con los datos que manejan los directivos de la Cámara de la Construcción (CHICO), aunque el rubro No ha mostrado capacidad para generar nuevos puestos laborales o recuperar los que se perdieron en 2008.
La expectativa es que en 2014 sean puestas en marcha medidas para ampliar la inversión pública dirigida a incentivar la ejecución de nuevos proyectos.
Todo depende de que este año comiencen a producir resultados efectivos las iniciativas de inversión, a través de las alianzas público-privadas, y que la empresa privada muestre un mayor dinamismo en el renglón de la construcción.
Por lo pronto, habrá que analizar una serie de acciones contempladas en el paquete fiscal y que están dirigidas a simplificar algunos trámites para favorecer el desarrollo de nuevos proyectos y a controlar el endeudamiento interno, a través de la colocación racional de bonos soberanos.
Estas últimas iniciativas podrían contrarrestar las consecuencias del paquete fiscal, a juicio de especialistas dedicados a valorar la contribución de la industria de la construcción en el desarrollo económico de Honduras.
La cuestión está en mantener el rubro sobre la línea de la recuperación que la actividad ha reflejado después de la depresión en que estuvo sumida como resultado de la crisis política de 2009.
Los entendidos indican que el alza de tres puntos en el Impuesto sobre Ventas tendrá un sustancial impacto sobre los costos de la construcción, a partir del encarecimiento en el valor de los insumos que representan el 60% de una obra planificada.
Ponderando los principales factores que intervienen en la industria como son la energía eléctrica y el combustible, los expertos calculan que el paquete fiscal aprobado el mes anterior podría encarecer los costos de los diferentes productos de la construcción en un seis por ciento.
Y la única manera de revertir tales efectos, es que el Gobierno habilite programas de financiamiento de bajo costo; es decir, en condiciones favorables.
En este sentido, se sugiere que los fondos provenientes de la colocación de bonos soberanos sean canalizados a la banca, a fin de que las instituciones financieras pongan a disponibilidad suficientes recursos para emprender nuevas obras de construcción.
En general el paquete fiscal No ayuda a incentivar la inversión en materia de la construcción. Hubiera ocurrido lo contrario si el Gobierno hubiese liberado fondos para la realización sostenida de nuevas obras de infraestructura.
El panorama que se observa es gris si ha de advertirse que el precio del cemento ha subido en casi 11 lempiras por lo que se avizora que el resto de materiales de la construcción experimenten el mismo comportamiento.
La industria de la construcción hubiera crecido más rápidamente sin las disposiciones contenidas en la Ley de Reordenamiento Fiscal que son restrictivas y tienen una alta dosis de sacrificio para la economía nacional.
Y como es imposible pensar en que el conjunto de medidas fiscales sean revertidas, los miembros de la industria de la construcción esperan que al menos las mismas sean aplicadas de manera ordenada, racional y en sintonía con la fórmula: “menos gastos y más austeridad fiscal”.