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La UE endurece el tono contra el régimen de Daniel Ortega en plena reanudación del diálogo entre Gobierno y oposición. La Eurocámara ha pedido este jueves a los Estados miembros que pasen al siguiente nivel en la presión contra la vulneración de derechos humanos en Nicaragua.
Los parlamentarios han aprobado por una amplia mayoría de 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones, una dura resolución en la que instan a aplicar sanciones contra altos representantes de la jerarquía sandinista.
Concretamente, reclaman que no se les concedan visados para viajar a la UE y se congelen sus cuentas en territorio comunitario “hasta que se restablezca el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
La decisión final sobre imponer o no esas sanciones depende de los ministros de Exteriores de la UE.
El Parlamento Europeo no tiene potestad para fijar ningún castigo, pero constituye un potente altavoz que hace llegar sus denuncias a los Veintiocho.
El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui, que visitó el país en enero junto a una decena de miembros de la Cámara, cree que si no hay un cambio de rumbo radical por parte de Ortega, las sanciones podrían llegar “en cuestión de meses”.
El texto es muy cuidadoso en señalar que las sanciones no deben afectar en ningún caso a la población, y señala que han de ir dirigidas únicamente contra los cabecillas de la represión, tal y como sucedió con Venezuela.
Si la UE opta por dar ese paso, el primer movimiento podría ser la prohibición de vender armas a Managua, aunque esa opción no importunaría demasiado a Ortega, dado que apenas las adquiere en el mercado europeo.
Liberación inmediata de los presos políticos
La resolución llama a suspender la participación de Nicaragua en el acuerdo de asociación entre Nicaragua y la UE, y reclama al Gobierno la celebración de elecciones libres y justas bajo supervisión de observadores internacionales.
También le urge a realizar tres gestos de buena voluntad para rebajar la tensión y favorecer el diálogo: la liberación inmediata de los más de 600 presos políticos que siguen encerrados por su participación en las protestas, el fin del “acoso, intimidación y espionaje” contra líderes opositores, y la vuelta de las organizaciones internacionales que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos en el país, entre ellas entidades de la ONU y ONGs. Además, critica las agresiones contra medios de comunicación, la expulsión de estudiantes de las universidades, y la degradación de la situación en las cárceles.
El régimen sandinista liberó hace dos semanas a más de 100 presos, ahora recluidos en arresto domiciliario. Con esa maniobra, Ortega pretendía desatascar la profunda crisis política que atraviesa el país desde las movilizaciones de abril del año pasado.
Inicialmente concebidas como respuesta a la reforma de la seguridad social promovida por el exguerrillero sandinista, la desproporcionada actuación de la policía y el recorte de libertades promovido desde el poder han acabado transformando el movimiento en una revuelta por la democracia y contra la continuidad de Ortega en el poder.
La UE ha ido elevando el tono contra Ortega conforme pasaban los meses. En mayo del año pasado, en plena resaca de las represalias gubernamentales contra los manifestantes, que hasta ahora han dejado más 300 muertos, la Eurocámara aprobó una resolución en la que condenaba “la brutal represión” y pedía una reforma electoral que condujera a la convocatoria de comicios libres.
A finales de enero, los Veintiocho aprobaron unas conclusiones en las que amenazaban con sanciones. Y a mediados de febrero el presidente del Parlamento, Antonio Tajani, envió una carta a Daniel Ortega advirtiéndole de la adopción de medidas “muy pronto”, si no detenía su acoso a la posición.
Jáuregui considera que esa ascendente retahíla de mensajes desde Bruselas ha sido clave para que el régimen recule parcialmente y aceptara librar a una parte de los presos. Sin embargo, la desconfianza marca las relaciones con la oposición.
Los líderes contrarios a Ortega exigían la liberación de presos para continuar con el diálogo, mientras que este lo pedía a la inversa: sentarse primero ante una mesa y hacer el gesto después.
Ese desencuentro amenazaba con hacer descarrilar las conversaciones ante las sospechas de que Ortega pretendía únicamente esquivar el varapalo diplomático desde Bruselas y no tenía intención de cambiar nada, pero finalmente los miembros de la Alianza Cívica aceptaron reanudar las discusiones este jueves bajo la promesa de una liberación inminente de presos.
(El País)