TSC encuentra irregularidades en municipalidad de Guanaja

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Tegucigalpa, Honduras.

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó dos informes que concluyen en la
notificación de responsabilidades civiles y administrativas, e indicios de responsabilidad penal por una serie de irregularidades encontradas en la municipalidad de Guanaja.

El ente contralor del Estado concluyó una Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal a esa alcaldía, correspondiente al período comprendido del 10 de diciembre de 2008 al 31 de mayo de 2014, producto del cual emitió dos informes, uno de ellos con No. 049-2014-DAM-CFTM-AM-B.

“Se remite el informe que contiene hechos con indicios que podrían ser considerados como responsabilidad penal y cuyas características deben ser evaluadas por la fiscalía para proceder con las acciones conforme lo considere el Ministerio Público”, cita un oficio del TSC, dirigido al fiscal general, Oscar Fernando Chinchilla.

El expediente que contiene la auditoría se remitió al MP por encontrar ocho indicios de la comisión de delitos que habrían incurrido exfuncionarios de ese término municipal y por ser el ente que le compete ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia.

La auditoría, realizada por la Dirección de Municipalidades del TSC, comprobó que la corporación municipal aprobó un descuento del 40% o más sobre el valor catastral para el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

La auditoría detectó la ejecución de dos proyectos no aprobados por la corporación municipal y sin existir un contrato que especifique los trabajos a realizar; además, se presentó una demanda por incumplimiento de pago, que asciende a 5,416,135.99 lempiras, interpuesta por la constructora.

El tercer hecho irregular de tipo penal refiere a que no se realizó un procedimiento adecuado para la contratación de 19,419,789.75 de lempiras, de fondos de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, para construcción de cinco proyectos de obras públicas.
Se autorizó compras directas y cotización, omitiendo el procedimiento de licitación pública y privada que, según la Ley de Contratación del Estado, se debió cumplir.

A un día de terminar la gestión municipal, el 24 de enero de 2014, se refinanció un préstamo bancario por 206,247.42 lempiras sin la aprobación de la corporación municipal.

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