Tribunal Supremo ratifica inhabilitación a Torra como presidente catalán

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El Tribunal Supremo de España confirmó este lunes la sentencia de inhabilitación por el delito de desobediencia contra el presidente del Gobierno de Cataluña, Quim Torra.

La condena, ratificada por la Sala de lo Penal del Supremo, inhabilita por un año y medio a Torra e implica abonar 30.000 euros (unos 35.020 dólares)de multa. La sentencia fue dictada por unanimidad y obliga al presidente del Gobierno catalán a dejar el cargo.

No obstante, Torra continuará en el ejercicio del cargo hasta que el organismo que lo condenó en primera instancia (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) lleve a efecto la sentencia. Para ello, el Boletín Oficial del Estado debe hacer pública y oficial su inhabilitación.

Una vez se oficialice el dictamen, Torra será sustituido temporalmente por el actual vicepresidente de Cataluña, Pere Aragonés. Este último es miembro de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC, por sus siglas en catalán), el otro partido que compone el Gobierno.

La inhabilitación de Torra, que implica el despojo de su responsabilidad ejecutiva, se fundamenta en el incumplimiento de la orden de retirar una pancarta a favor de los políticos independentistas encarcelados por la Justicia española «en un periodo electoral».

Esta constituye la primera inhabilitación de un presidente catalán en el ejercicio de sus funciones. Según el Tribunal Supremo, el dirigente de Cataluña desobedeció de forma “contumaz y obstinada” a la Junta Electoral Central.

En su comunicado, el Poder Judicial de España manifestó que se inhabilita a Quim Torra «tanto para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, como para el desempeño de funciones de gobierno, en los ámbitos local, autonómico y del Estado».

«En su sentencia (…) el Supremo destaca que el ámbito del recurso no es la exhibición de determinados símbolos o pancartas de una determinada opción política, sino su utilización en periodos electorales desobedeciendo lo dispuesto por la Junta Electoral Central», precisó la información de la Justicia española.

El pasado 31 de agosto, el aún presidente de la Generalidad de Cataluña instó a las distintas fuerzas políticas independentistas en el Parlamento de esa Comunidad Autónoma a no investir a ningún candidato al mandato del Gobierno regional.

El llamado se efectuó en alusión a la posibilidad de que el Tribunal Supremo del Estado español le inhabilitara, por el presunto delito de desobediencia. Esta posibilidad se concretó este 28 de septiembre.

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