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El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera, reiteró que la reforma al artículo 115 de la Ley de la Administración Pública va dirigida a obreros y empresarios.
“Va dirigido a los empresarios y los obreros representados en las federaciones: primero, cuando ellos estén en una junta directiva en un órgano colegiado como SANAA, ENEE, Injupemp y todas aquellas instituciones de la administración pública que tenga el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) determinar que han cometido o no alguna actividad ilícita”.
“Y si encuentran un tipo de responsabilidad penal que lo pasen directamente al Ministerio Público”. Va encaminada directamente a empresarios y obreros que no son funcionarios públicos, que no son empleados públicos, sino que los convocan a una sesión y lo que ellos deliberan en esas sesiones que primero tenga que verse la responsabilidad administrativa.
“No se aprobó, está en primer debate y se va a socializar con todos los sectores para discutirlo en un futuro”, afirmó Rivera.
“Existían pláticas con el sector obrero y empresarial, quienes tenían un tipo de preocupación por lo que ha pasado y ya se ha dado un caso de un miembro de la junta directiva que ni siquiera estaba presente cuando se tomaron decisiones solo por ser titular, aunque no estuvo en la sesión tuvo problemas legales”.