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A Honduras le restan siete años —en otras palabras, está a contrarreloj— para lograr que más de 10 millones de personas tengan acceso universal y equitativo al agua potable para 2030.
Desafortunadamente para los hondureños, ese propósito, el número seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), está cuesta arriba porque los gobiernos de la última década (administración central y municipalidades) no invirtieron en la infraestructura necesaria.
El Estado se comprometió a cumplir para 2030 los 17 ODS adoptados en 2015 por Naciones Unidas, pero, en este momento, las cifras evidencian que el agua no figuró como prioridad en las agendas oficiales.
De 71 ciudades monitoreadas, San Pedro Sula sobresale por tener alrededor del 75% abastecido por la empresa concesionaria Aguas de San Pedro.
Con la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Tegucigalpa está en una pésima situación: solo el 44%.
Proyectos
Aunque comandó la Corporación Municipal durante ocho años, la administración de Nasry Asfura ofreció como tardía solución la represa San José para ofrecer a un costo de L 1,083 millones unos 8.15 millones de metros cúbicos (mmc) y para producir al año más de 22 mmc.
Por su parte, las actuales autoridades, además de seguir con el proyecto heredado, impulsan el de la represa Jiniguare y el de Río del Hombre. En ambos proyectos, según la UMAPS, la licitación se lanzará en el 2023.
