Sociedad Civil llama a clase política a abstenerse a manipular el Ministerio Público

Tegucigalpa, Honduras.

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El dirigente de la sociedad civil Omar Rivera, demandó a la clase política hondureña abstenerse de pretender “manipular” el proceso de elección del nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, y “respetar la natural y legal sucesión que en septiembre se debe dar en la cúpula del Ministerio Público (MP)”.

“Eso de andar pensando en crear una junta interventora en el MP, es una barbaridad; lo que aquí aplica es que todos apoyemos para elegir un Fiscal General 5 estrellas que pueda darle continuidad al extraordinario trabajo que ha realizado el abogado Óscar Chinchilla” expresó.

Rivera subrayó que “el MP no es un pastel que puede ser repartido entre partidos políticos; el MP es la institución que representa los intereses de la sociedad, no la entidad que deba atender las demandas de grupos partidarios”.

“Debemos defender lo mucho que se ha hecho desde el MP en el combate al narcotráfico y maras, avanzar en el desmantelamiento de esas estructuras criminales, aprovechando que mucho del liderazgo de las mismas están privados de libertad y extraditados; no podemos retroceder, y –sin duda alguna- nombrar un triunvirato politizado al frente del MP, es una clara regresión” precisó.

El dirigente de la sociedad civil exigió a la Junta Proponente para la elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, tomar todo el tiempo necesario, y buscar con lupa, a candidatos 5 estrellas, para poder tener al frente del MP en los próximos 5 años a hombres y mujeres 5 estrellas; deben buscar un Fiscal General, igual o mejor que el actual, que sea decente, competente, diligente, independiente y valiente”.

Este miércoles, diferentes organizaciones de la sociedad civil denunciaron que grupos políticos pretenden instalar en la conducción del MP, una Junta Interventora conformada por un representante de las principales fuerzas políticas del país, que les permita conducir de forma colegiada ese operador de justicia en procura de cubrir con un manto de impunidad a los que tienen causas abiertas y forman parte de esas entidades partidarias.

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