Sector transporte pide a las autoridades que les devuelvan el dinero que es incautado por el delito de extorsión
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Los dirigentes del transporte urbano han hecho un llamado a las autoridades gubernamentales para establecer un sistema de retribución a los afectados el delito de extorsión en Honduras.
La propuesta busca otorgar bonos educativos o becas a los hijos de conductores que hayan perdido la vida a manos de delincuentes, utilizando los fondos obtenidos de las incautaciones relacionadas con estas actividades ilegales.
Uno de los representantes de este sector expresó: «Creemos que debe existir una ley o decreto que establezca que cuando algún conductor pierda la vida y deje hijos huérfanos, del mismo dinero que se incauta, debe hacerse un programa de becas para que estos niños puedan continuar con sus estudios».
La propuesta ha generado un debate candente entre los actores involucrados en el transporte público, algunos de los cuales sostienen que han sido víctimas de extorsiones y desean una restitución más directa.
Sin embargo, las opiniones difieren en el ámbito legal. Expertos en derecho penal han planteado sus dudas sobre la viabilidad de esta propuesta.
Germán Licona, abogado especializado en el tema, declaró: «Todo lo que se incauta, lo que se priva del dominio, pasa al Estado para resarcir los daños e invertir en el combate de la actividad delictiva. De este recurso proviene el dinero para la Salud y la Educación, además de ser reinvertido».
Desde la Secretaría de Seguridad se ha emitido una respuesta rotunda. Funcionarios de alto rango afirmaron que la devolución directa del dinero obtenido de los extorsionadores es «imposible» debido a la complejidad para rastrear su origen exacto.
«No se sabe con exactitud de qué sector proviene el dinero cuando se captura a un extorsionador», declararon fuentes de la entidad.
