Sector privado señala que «Por elección del Fiscal, no se atienden los problemas de país»
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Juan Carlos Sikaffy, vicepresidente del Consejo Económico y Social, subrayó que, «si hay Fiscal o no, no se ha sentido en los últimos cuatro u ocho años, ya que al hondureño le interesa más cuánto vale el huevo, las tortillas y si va a poder llevar o no a sus hijos a la escuela».
Según Sikaffy, el pueblo hondureño no está centrado en la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto, ya que sus preocupaciones están enfocadas en cómo generar ingresos para mantener a sus familias, encontrar oportunidades de empleo y garantizar la seguridad, no en lo que los diputados puedan legislar en el Congreso Nacional.
La canasta básica, la inseguridad y las oportunidades laborales son algunos de los temas que el Congreso debería priorizar para combatir las cifras negativas, así como los precios en constante aumento que afectan a la población hondureña.
Por otro lado, Alejandro Kaffati, oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), expresó su preocupación por los indicadores de crecimiento económico. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó un crecimiento del 2.9 por ciento para Honduras, una cifra inferior a las proyecciones del Banco Central de Honduras (BCH). Esta situación no contribuye a la creación de los empleos necesarios para el pueblo hondureño.
Kaffati instó al Gobierno a establecer un diálogo con el fin de generar las oportunidades de empleo y crecimiento que los hondureños necesitan.
Diversos informes de la CEPAL, ASJ, BID, Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otros, cuestionan el desempeño económico de la región de América, sin importar el país.
Para Honduras, el desafío radica en crear oportunidades de empleo, mejorar la seguridad, implementar políticas efectivas y reducir la pobreza en más del 50 por ciento en el país.
Aunque el plazo para la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público venció el 31 de agosto, el tiempo sigue avanzando y ha pasado más de un mes sin que los legisladores del Congreso Nacional lleguen a un acuerdo para la designación del nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto.
