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Tegucigalpa, Honduras.
La asignación de fondos para el sector de defensa ha experimentado un incremento de 420% en el lapso entre 2006 y 2015.
El presupuesto destinado a dicha línea pasó de un poco más de mil millones de lempiras a cinco mil 400 millones de lempiras, lo que significa que cada año los gastos en operaciones relacionadas con la defensa aumentaron en un promedio de 500 millones de lempiras.
Organizaciones de la sociedad civil como es el caso de la Alianza por la Paz y la Justicia, demandan que la distribución de los fondos para el aparato de seguridad responda fielmente al criterio de la equidad.
Un estudio comparativo destaca que en el último decenio el Presupuesto de la República se ha elevado en 144% , frente a un alza superior al 400% en el financiamiento del aparato de defensa y seguridad.
Los entendidos en el tema, sostienen que el problema radica en la distribución desbalanceada de los recursos del Estado, puesto que el mayor porcentaje va dirigido a las vertientes de seguridad y defensa y los ajustes presupuestarios menos importantes son transferidos a la Fiscalía y al Poder Judicial.
El plan de ingresos y egresos del país para el presente período fiscal describe que la Secretaría de Seguridad tiene aprobados recursos por alrededor de tres mil 800 millones de lempiras.
La Secretaría de Defensa tiene un presupuesto cercano a los cinco mil millones de lempiras, mientras que la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial opera con una cartera que roza los 50 millones de lempiras.
Para el Poder Judicial está previsto un respaldo presupuestario de dos mil millones de lempiras y para el Ministerio Público una asignación de un poco más de mil millones de lempiras.
En su conjunto, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía ni siquiera llegan a la mitad de los recursos destinados para los sectores seguridad y defensa.
En comparación con 2014, ambos rubros muestran un aumento de 8,114 a 8,700 millones de lempiras en el otorgamiento de fondos, mientras que la partida del Poder Judicial subió de 1,864 a 1,900 millones de lempiras.
Y en lo que respecta a la institución que ejerce la acción penal, su asignación pasó de 997 millones a un poco más de mil millones de lempiras, de acuerdo con lo contemplado en el Presupuesto de la República correspondiente a 2015.