Se cumple un año de la masacre de 46 Mujeres en la cárcel de Támara y aún no hay justicia para las víctimas, según ASJ

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La masacre ocurrida en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), cercano a la capital de Honduras, en la que 46 mujeres fueron brutalmente asesinadas, cumple hoy un año sin que los familiares de las víctimas hayan obtenido justicia o conocido la verdad completa sobre lo sucedido.

La trágica reyerta, aparentemente entre integrantes de dos pandillas enemigas, resultó en la muerte de 23 mujeres por armas de fuego y blancas, y otras 23 por quemaduras sufridas en un incendio.

Esta matanza ha sido calificada como la peor tragedia en una cárcel femenina en Honduras.

A pesar de los esfuerzos, el Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público (Fiscalía) aún no ha logrado identificar el cuerpo de una de las víctimas.

Según las investigaciones preliminares de la Fiscalía y la Dirección Policial de Investigaciones, la masacre fue un «hecho planificado» por pandilleras de la mara Barrio 18, también presas en el Cefas.

Sin embargo, dos días después de la tragedia, la viceministra de Seguridad de Honduras, Julissa Villanueva, afirmó que el ataque fue planificado tanto dentro como fuera de la prisión y que algunas de las armas y municiones utilizadas pertenecían a la Policía hondureña.

La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), Blanca Izaguirre, declaró que esta masacre evidencia que “el Estado no ha sabido garantizar los derechos humanos de la población penitenciaria”.

Izaguirre subrayó que el sistema penitenciario hondureño es débil y no proporciona la seguridad, condiciones y trato adecuado a las personas privadas de libertad.

La Defensora del Pueblo ha solicitado repetidamente a las autoridades abrir una “investigación seria, oficiosa, independiente, exhaustiva, pero sobre todo oportuna”, para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales.

Lamentó que hasta ahora “no hay avances sustanciales en las investigaciones y mucho menos en la persecución de las personas implicadas” en el crimen múltiple.

Hasta la fecha, el Ministerio Público de Honduras ha presentado requerimiento fiscal contra 16 pandilleras de la mara Barrio 18, todas presas, por la masacre.

Familiares Exigen Conocer la Verdad

Los familiares de las 46 presas asesinadas aún no logran cerrar la herida a un año de la tragedia, pues necesitan “conocer la verdad” de lo ocurrido en la cárcel femenina, evento que también costó el cargo de ministro de Seguridad a Ramón Sabillón, añadió Izaguirre.

La Comisionada de Derechos Humanos destacó la importancia de “no dejar en impunidad estos casos graves de violaciones de derechos humanos” para garantizar justicia y la no repetición de los hechos.

También afirmó que la problemática en los centros penales requiere una “atención urgente” del Estado de Honduras, donde cerca de 90 presos han muerto bajo custodia de agentes de seguridad entre 2023 y junio de 2024.

El abogado hondureño Fernando González comentó que las familias de las víctimas ya agotaron las instancias internas y que ahora solo les queda la vía internacional para intentar lograr justicia.

“Ya se agotó la vía judicial nacional, ahora queda pasar al ámbito internacional a interponer las denuncias correspondientes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para que pueda sancionar al Estado de una manera indemnizatoria”, advirtió González, quien representa a siete de las 46 familias.

Este aniversario marca un doloroso recordatorio de la necesidad urgente de reforma y justicia en el sistema penitenciario hondureño.

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