Rixi Moncada detalla que quieren crearles una “Ley de silencio electoral” para no dar declaraciones en elecciones
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La aprobación del presupuesto solicitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa sin consenso por parte de los representantes del tripartidismo.
En ese sentido el órgano electoral advierte que el tiempo es su mayor complicación para los proyectos grandes del proceso electoral de cara a los comicios generales de noviembre.
A estos temas se agregan otros en donde se alerta que los diputados oficialistas estarían buscando aprobar que el representante nacionalista ante el CNE sea el único consejero autorizado para divulgar resultados electorales.
La concejal de Libre, Rixi Moncada, denunció que enviaron al Legislativo una Ley transitoria de tres artículos y que habría sido modificada con el objetivo de silenciarla a ella y a la concejal Ana Paola Hall del Partido Liberal a fin de darle voz sólo a Kelvin Aguirre el día de los comicios.
“Nosotros mandamos una ley especial para el procedimiento, pero resulta que el mismo no solo tiene los tres artículos que enviamos en el proyecto de ley especial sino que diez”, indicó.
Comenzó explicando que esta ya no tendría el matiz de Ley especial con vigencia determinada, sino un híbrido con reformas a la Ley Electoral con vigencia de apenas dos meses.
Una de ellas, añadió, es la que muchas personas denominan “Ley Mordaza”, misma que estaría limitando a las dos funcionarias a poder brindar declaraciones a los medios.
“Yo a eso lo denomino Ley de silencio electoral”, subrayó Moncada, quien advirtió tendría nombre y apellido en la mayoría de sus artículos.
“Es una Ley dedicada exclusivamente para que la ahora presidenta del CNE -Ana Paola Hall- y su servidora no demos declaraciones el día de las elecciones después de cerrada la votación” a fin de evitar lo acontecido en 2017 con Marco Ramiro Lobo.
“Sólo podría hablar el compañero Kelvin Aguirre” quien pasará a ser por ley el titular del órgano administrador del proceso democrático a partir del mes de septiembre.
Los otros artículos de la Ley que pretende ser modificados en el Congreso, aclaró, refiere a las consecuencias que podrían acarrear las funcionarias en relación al TREP, dijo.
Las sanciones podrían rondar hasta los mil salarios mínimos y una pena de cárcel máxima a los 6 años con suspensión de cargos por el doble de la sentencia.
“Entonces estamos hablando prácticamente de una Ley de silencio electoral para las dos consejeras”, cuestionó.
En la revisión del dictamen Moncada apreció también que se estaría imponiendo una comisión técnica paralela a las atribuciones y competencias del Pleno del Consejo Electoral.
La representante de Libre ante el órgano denunció que dicha comisión podría pasar a ser la encargada de dar todas las aprobaciones en el sistema de divulgación de resultados.
“Prácticamente estarían poniendo otro Consejo o una paralela al Pleno”, deploró la magistrada debido al condicionamiento que estaría sufriendo la transmisión de los resultados preliminares.
Ante el panorama, Moncada señaló que el tiempo estipulado para la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) pasaría del 27 de julio al 15 de agosto.
“Cada hora que pasa se pierde calidad de transparencia” en el proceso electoral, destacó la funcionaria, quien asegura que trabaja para garantizar la realización de los comicios.
Información por: Radio América
