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Fausto Cálix, director ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras, dio a conocer que los 493 kilogramos de fentanilo decomisados recientemente en Puerto Cortés tenían como destino final una droguería ubicada en el bulevar Morazán de Tegucigalpa, la capital del país. Según Cálix, la importación del opioide presentó irregularidades, como permisos vencidos y cantidades que no coincidían con las autorizadas por la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa).
En una entrevista, el funcionario destacó que el fentanilo, un opioide sintético potente, debe importarse de manera controlada para fines médicos, y cualquier desviación de las cantidades autorizadas y la documentación correspondiente es motivo de preocupación. La investigación está en curso, y aunque no se dieron detalles específicos, Cálix subrayó la existencia de intereses no legítimos en la situación.
La incautación, realizada el 8 de noviembre en Puerto Cortés, fue considerada «histórica» por las autoridades hondureñas. Este opioide, conocido por su potencia y riesgos para la salud, ha generado crisis en otros países debido a su desvío y uso ilegal. Las autoridades también han señalado que, según la información recabada, en Roatán, Islas de la Bahía, se está vendiendo y consumiendo fentanilo, lo que plantea preocupaciones sobre posibles sobredosis y sus efectos irreversibles.
