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Se presentarán un recurso de inconstitucionalidad en contra del paquete de reformas al Código Procesal Penal y a otras leyes aprobadas en el Congreso Nacional (CN), así lo anuncio Kenneth Madrid, coordinador de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).
En ese sentido, Madrid argumentó que las reformas “serán un perjuicio a la lucha contra el lavado de activos en el país, ya que las personas procesadas y condenadas invocarán el beneficio más favorable de la retroactividad de la ley, y por ende saldrán en libertad debido a que el tipo penal ya no es delito en Honduras”.
El profesional del Derecho añadió que desconoce lo que persigue el CN con la aprobación del paquete de reformas al Código Penal la cual no abona en nada al combate de la corrupción en la nación centroamericana.
“No sabemos por qué este tipo de reformas no pueden ser consensuadas con la sociedad hondureña, e incluso, con el Poder Judicial que ahora está enviando el paquete al Poder Legislativo para su discusión y aprobación”, expresó.
Asimismo, que al no poder el Fiscal trabajar administrativamente con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) sobre la procedencia ilícita de capitales, pues ahora podrá circular libremente cualquier cantidad de dinero producto del testaferrato para financiar campañas políticas.
Por lo anterior, cuestionó que la Unidad de Política Limpia no tenga “dientes” para actuar con imposición de multas, sanciones y para remitir expedientes al Ministerio Público (MP), sin embargo, el CN otorga prórroga a los políticos para el cumplimiento con sus informes financieros y de gastos de campañas políticas.
Exigen derogación
Diversas organizaciones sociales como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la ASJ, entre otras, se pronunciaron tras la entrada en vigor de las reformas al nuevo Código Penal, Código Procesal Penal y de la Ley Especial de Lavado de Activos aprobadas por el Congreso Nacional (CN) el mes pasado.
Entre los temas a reformar están la trata de personas, desplazamiento forzado, agravantes específicas del tráfico de drogas, explotación ilegal de recursos naturales, extorsión, usurpación, usura, y lavado de activos.
Según las organizaciones sociales, estas reformas vienen a agravar las limitaciones a espacios físicos y la participación ciudadana en forma incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.
Agregaron que las reformas contemplan la criminalización de las protestas e introducen además un amplio catálogo de agravantes que en la práctica atomizará el tratamiento de este delito como grave, imponiendo penas que podrían conllevar hasta 10 años de cárcel.
Declararon que esto es completado con otras medidas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, por lo que exigen su pronta derogación.
Cabe señalar que, las polémicas reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley de Lavado de Activos, entraron en vigencia en las últimas horas, tras ser publicadas en el diario oficial La Gaceta. Un total de 11 artículos del Código Penal y cinco disposiciones de la Ley Especial contra el Lavado de Activos fueron modificados en la vigésimo quinta sesión virtual del Congreso Nacional que tuvo lugar el pasado 7 de octubre en pleno feriado de la Semana Morazánica.