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José Alfredo Ponce, Comisionado de Policía en condición de retiro, enfatizó la importancia de abordar seriamente las denuncias presentadas por altos funcionarios del Estado en Honduras. Ponce destacó que el país cuenta con los mecanismos de protección necesarios para garantizar la seguridad de dichos funcionarios.
El exdirector de la Dirección Policial de Investigación (DPI) recordó la existencia de una ley de protección especial para funcionarios y exfuncionarios en situaciones de riesgo extraordinario, la cual es aplicable en el caso del diputado Rasel Tomé, quien recientemente denunció amenazas de muerte, secuestro y posibles daños a su entorno familiar.
Ponce subrayó que es imperativo que las instituciones del Estado tomen las medidas adecuadas para brindar protección a Tomé, y sugirió que el diputado presente su denuncia ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) y las Secretarías de Seguridad y Derechos Humanos.
Asimismo, resaltó la importancia de que la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia realice un análisis de riesgo y proporcione la protección necesaria a través de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas.
Ponce hizo hincapié en que si alguien se siente amenazado, es su derecho presentar una denuncia en el Ministerio Público, ya que este tipo de casos son de acción pública a instancia de particulares. La Fiscalía es la entidad encargada de llevar a cabo la investigación y ejercer la acción penal en colaboración con las autoridades de Seguridad.
Por tanto, a pesar de la existencia de la ley de protección especial para funcionarios en riesgo extraordinario, Ponce subrayó la importancia de acudir a las autoridades legalmente constituidas en estos casos.
