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La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, expresó hoy su preocupación, instando a alguien sensato a que le haga ver a Redondo que no debe seguir perjudicándose a sí mismo.
En su cuenta de Twitter, la parlamentaria se refirió a las competencias del Ministerio Público y advirtió que estamos siendo testigos de un titular del Poder Legislativo que asume roles que no le corresponden.
Recordó que el Ministerio Público representa los intereses de la sociedad y lleva a cabo la acción penal pública contra quienes infringen la ley penal. Es una institución autónoma e independiente. La potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado es exclusiva de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que implica su rol como máximo intérprete Constitucional. Ver a quien ostenta la presidencia del Poder Legislativo asumir funciones que no le competen, que son exclusivas del Ministerio Público y la CSJ, constituye una violación a la Constitución y a las leyes.
En la misma publicación, subrayó que los pasos que está dando Luis Redondo son audaces y peligrosos. Le instó a detener el abuso de poder y las violaciones a los deberes que todo funcionario debe cumplir, así como otras conductas impropias en las que ya ha incurrido. Maribel Espinoza enfatizó la importancia de que alguien sensato le haga entender a Redondo que no debe seguir perjudicándose a sí mismo, ya que en un Estado de Derecho, todos estamos sujetos a la Constitución y las leyes.
La parlamentaria también compartió una publicación del Ministerio Público donde se destaca que, de acuerdo con la Constitución y la Ley sobre Justicia Constitucional, la autoridad competente y exclusiva para declarar la inconstitucionalidad de una ley es la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional.
Además, se hace referencia a una sentencia del 21 de febrero de 2017, relacionada con un recurso de inconstitucionalidad, que establece que el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que ordena mantener en funciones a altos funcionarios del Estado cuyo reemplazo no haya sido designado al vencerse su período, es compatible con la Constitución y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento para todos los Poderes del Estado, entidades públicas y privadas, así como para todos los ciudadanos.
