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La polémica Ley Especial de la Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue publicada en las últimas horas en el Diario Oficial La Gaceta tras su aprobación en el Congreso Nacional (CN) y posterior sanción del Poder Ejecutivo.
El documento que contiene los 28 artículos y posibilita que denunciados por actos de corrupción y dirigentes políticos puedan postularse para ser miembros del pleno 15 magistrado del Poder Judicial para el periodo 2023-2030, fue publicado con fecha del 20 de julio y número de registro 35,980.
La normativa fue aprobada en CN casi al filo de la medianoche del pasado lunes 18 de julio, con más de 70 votos a favor y 53 en contra, según registro oficiales.
Pero fue hasta el pasado miércoles, que el dictamen aprobado por el Legislativo hondureño llegó a la sede del Ejecutivo para que la mandataria hondureña, Xiomara Castro, la sancionara.
Posteriormente, ya una vez sancionada la nueva Ley de la Junta Nominadora fue enviada a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) para su publicación en el diario oficial del país, por lo que ya entró en vigencia.
Cabe señalar que, el debate para su aprobación, se centró en la eliminación de una serie de prohibiciones que restringían a los funcionarios y militantes políticos de participar en el proceso de elección a magistrados de la CSJ.
De los 127 diputados presentes el 18 de julio y la madrugada del 19 de julio de 2022, 73 votaron a favor, mientras que 44 votaron en contra, 10 no votaron, y ningún congresista se abstuvo.
En resumen, la aprobación del artículo 15 de la Ley, que fue el más discutido y cuestionado, permitirá que exfuncionarios y funcionarios actuales, magistrados, beneficiados por amnistías políticas y activistas de los partidos políticos puedan postularse a magistrados de la CSJ.
No obstante, la aprobación de la Ley generó un rechazo casi instantáneo. Desde la Iglesia Católica, analistas, la empresa privada y hasta los mismos diputados, coinciden en que todo es “más de lo mismo”, está “a la medida” del partido de gobierno, y no es más que un retroceso para la justicia del país.