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Las protestas de sectores radicales continuaron este miércoles en el sur andino de Perú con bloqueos de carreteras y velatorios masivos de los muertos que dejaron choques con las fuerzas de seguridad, mientras Estados Unidos pidió “moderación” a todas las partes.
Al mismo tiempo una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Lima para evaluar “la situación de derechos humanos en el marco de las protestas sociales”, que dejan al menos 40 muertes desde hace un mes y se extienden a otras zonas como la capital turística, Cusco.
En medio de la tensión social, la fiscalía abrió el martes una investigación por presunto delito de “genocidio” a la presidenta Dina Boluarte, que impuso un toque de queda en la región andina de Puno para frenar las manifestaciones violentas, que solo entre lunes y martes dejaron 17 muertos civiles y un policía quemado dentro de su patrulla, informó la institución.
El epicentro de las protestas se encuentra en la región aymara de Puno, en la frontera con Bolivia, donde miles de pobladores recorrieron las calles de Juliaca con ataúdes de las 17 víctimas civiles del lunes.
Los féretros de color blanco y marrón fueron cargados por sus allegados. Cada uno lucía una fotografía y una bandera de Perú cubriéndolo por completo.
“Dina me asesinó con balas”, se leía en el ataúd blanco de Edgar Huaranca, llevado en hombros por seis familiares.
En la procesión se multiplicaban escenas de rabia y dolor de personas que empezaban a despedir a sus muertos y prometían seguir la lucha hasta conseguir la renuncia del que consideran ilegítimo gobierno de Boluarte.
Perú declaró duelo nacional el miércoles en honor a los muertos de la región Puno, donde el martes el gobierno decretó tres días de toque de queda nocturno en un intento por contener las protestas.
Los bloqueos de rutas se extendieron a ocho de las 25 regiones del país, afectando a Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas, según la Superintendencia de Transporte Terrestre.
En Cusco, la turística capital del Imperio inca, la policía dispersó con gases lacrimógenos a cientos de pobladores, entre ellos campesinos, que procuraban tomar el aeropuerto de la ciudad luego de movilizarse para pedir la salida de la presidenta.
En Arequipa, segunda ciudad de Perú ubicada al sur del país, centenares marcharon también contra el gobierno.
En Tacna, en la frontera con Chile, se inició un paro indefinido que estuvo marcado por episodios de vandalismo como la quema de casetas de peaje vehicular y el intento de saqueo a un centro comercial.
