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El lunes próximo, las Fuerzas Armadas de Honduras recibirán la propuesta de la empresa que construirá la cárcel en la Isla del Cisne.
Ramiro Muñoz, director del INP y jefe de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), confirmó la fecha este jueves.
Desde el 1 de julio del año pasado, Muñoz ha estado a cargo de la seguridad de los 25 centros penitenciarios del país, además de liderar el proceso de construcción de la megacárcel.
Hace un mes, el gobierno hondureño, a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, aprobó la licencia ambiental para la construcción de esta cuestionada instalación.
La cárcel se ubicará a 250 kilómetros de las Islas de la Bahía, una zona insular de Honduras.
Fases del proyecto
La licencia ambiental aprobada representa la primera fase del proyecto.
Esta incluye detalles sobre el diseño final, estudios biológicos y marino-costeros, y la ampliación de datos científicos.
La segunda fase se centrará en la infraestructura, que incluye una granja solar para generar energía sin afectar la vegetación local y plantas de tratamiento de aguas residuales.
La megacárcel en la Isla del Cisne se construirá con una capacidad para albergar a unos dos mil privados de libertad.
El presupuesto estimado para las obras de infraestructura es de aproximadamente 80 millones de dólares, equivalente a dos mil millones de lempiras.
La directriz es clara: la cárcel debe estar lista lo más pronto posible para recibir a sus primeros reclusos, descritos como «hampones y personajes corruptos».
Desde el anuncio del proyecto, la Coalición Ambiental de Honduras ha expresado su preocupación por el posible daño ambiental que la construcción de la cárcel podría causar en la Isla del Cisne, un área conocida por su riqueza natural.
A estas preocupaciones se han sumado académicos, organismos de derechos humanos y, más recientemente, la población de La Mosquitia, quienes han realizado marchas en protesta.
