Este lunes, el Bloque Popular Campesino Indígena presentó un recurso de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras en contra de la Ley de Modernización Agrícola. El abogado Víctor Fernández, representante legal de la organización, llevó a cabo la presentación del recurso.
Fernández explicó que el recurso impugna parte de la Ley de Modernización Agrícola, así como tres decretos y un acuerdo ejecutivo, argumentando que van en contra de la Reforma Agraria. Según el abogado, la ley en cuestión permite el latifundio en el país, contraviniendo la prohibición constitucional.
La Ley de Modernización Agrícola ha sido criticada por permitir prácticas que, según Fernández, profundizan la crisis en el campo, contribuyen a la desigualdad y resultan en la criminalización y persecución de la población.
En el mismo contexto, el abogado solicitó a la Sala de lo Constitucional que dé prioridad a la resolución de otro recurso dirigido en contra del decreto 93-2021. Este decreto autoriza desalojos preventivos y establece la figura penal de la usurpación.
Fernández argumentó que la declaración de inconstitucionalidad de este decreto evitaría desalojos de familias, la aplicación de órdenes de captura y la destrucción de cultivos. Además, criticó al Instituto Nacional Agrario (INA) por su papel en la ejecución de desalojos en beneficio del sector agroindustrial.