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La Corte Suprema de Justicia realizó el llamado formal a las instituciones que integran la Junta Proponente, con el fin de que comiencen a ser evaluados los perfiles de quienes tendrán a su cargo llevar el proceso de postulación de aspirantes al Ministerio Público.
Tal y como las leyes lo mandan, la convocatoria la ha realizado la Corte Suprema de Justicia, cuyo titular es igualmente presidente de la Junta Nominadora.
También forman parte de dicha instancia un magistrado del Poder Judicial electo por el pleno, el Comisionado de los Derechos Humanos, un representante del Colegio de Abogados, el rector de la Universidad Nacional y un delegado por las instituciones privadas de educación superior.
Luego de un extenso trabajo de evaluación de los créditos de los nominados, la Junta Proponente remitirá al Poder Legislativo una lista de cinco aspirantes a asumir altas funciones en el Ministerio Público
Pese a que varias organizaciones habían comprometido un abierto respaldo a su gestión, el fiscal general, Oscar Chinchilla, declinó su continuidad en el Ministerio Público.
La valoración realizada a la gestión de Chinchilla es positiva. Los sectores que le han dado seguimiento al ejercicio de la acción penal, concluyen que el actual fiscal general le ha impreso una huella importante a la institución.
Se le ha dado mayor dinamismo a las acciones dirigidas a meter en marcación estricta a los miembros de las redes de la corrupción y del crimen organizado.
Asimismo, ha tomado solidez la estrategia institucional dirigida a derribar el muro de la impunidad, a través de la operación de la Agencia de Investigación Criminal (ATIC), y de fiscalías especiales que han unido esfuerzos con la MACCIH y con órganos de la sociedad civil para luchar contra la impunidad.
Las circunstancias en que concluye sus responsabilidades el abogado Chinchilla son opuestas a las que se presentaron en la gestión pasada, cuando el fiscal general de entonces, Luis Rubí, y su adjunto, Roy Urtecho, tuvieron que renunciar a sus puestos y dejar la administración en manos de una comisión interventora.
Estos dos funcionarios, cuyo desempeño recibió calificaciones deficientes, dejaron una deuda inflada de la Fiscalía en relación con el cumplimiento de las obligaciones que las leyes le otorgan al ente acusador.
El Ministerio Público necesitaba iniciar el camino hacia una transformación que le devolviera su razón de origen, como es el ejercicio eficiente de la acción penal.
Cinco años después, están delimitadas las grandes líneas de la política de persecución penal. Existe una coordinación de iniciativas dirigidas a golpear a las asociaciones ilícitas, los consorcios de corruptos y los carteles del crimen organizado.